Alfredo Coto sostuvo ante la Justicia que algunas de las armas encontradas en uno de sus supermercados eran de fuerzas de seguridad y pidió que citen a su encargado de seguridad para declarar.

El titular de la cadena se presentó ante el juez federal Sebastián Ramos que lo había citado a indagatoria y le entregó un escrito de 36 páginas en las que pidió su «sobreseimiento» y desvinculación de la causa.

Sobre las armas sin autorización que fueron encontradas en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800, del barrio porteño de Caballito, sostuvo que eran de la Policía Federal (PFA), de la Gendarmería Nacional (GNA) y de la Prefectura Naval (PNA).

El empresario imputado afirmó que las fuerzas de seguridad habían dejado las armas allí desde hacía aproximadamente tres años, en una época en la que se temían saqueos al supermercado.

Fuentes judiciales sostuvieron que la información aportada por las fuerzas de seguridad en la investigación preliminar realizada por el fiscal federal Jorge Di Lello no coincidía con la argumentación ofrecida por Coto.

Además resaltaron que en el predio de Coto se encontró, por ejemplo, un lanzagranadas con la numeración limada, algo que no habría poder sido explicado por el empresario. Este jueves debía presentarse a declarar Germán Coto, hijo del empresario, pero su indagatoria fue postergada para el 9 de mayo porque se encuentra de viaje.

También fueron citados a declarar cuatro funcionarios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), ex RENAR, e integrantes de la PFA y la PNA, por «incumplimiento de los deberes de funcionario público y suministro de armas».

Los convocados son el director de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales de la ANMaC, Fernando Fumeo; el coordinador de inspección de esa repartición, Juan Kotelchuck; el comisario Carlos López Vazquez, jefe de armamento y munición de la PFA, y el prefecto Cristian González, jefe de armas de infantería, munición y explosivos de agrupación Albatros de la PNA.

Autorización vencida

El empresario no declaró ni respondió preguntas pero en su presentación sostuvo que no cometió ningún delito, aseguró que tomó conocimiento del tema de las armas a través del gerente Eduardo Búfalo, al que pidió que citen como testigo y afirmó que no puede estar al tanto de lo que hacen sus empleados.

Coto tenía autorización para tener armas y además la cadena de supermercados contaba con una licencia como «usuario colectivo» de armas para su propia empresa de seguridad, pero estaba vencida.

Por la licencia vencida desde 2014, Coto sostuvo que hacía tiempo que él había firmado los papeles para actualizarla pero que un gerente de la cadena de supermercados atrasó el trámite.

La causa se originó tras una denuncia realizada por el fiscal Di Lello luego de recibir una denuncia anónima y realizar una investigación preliminar que le llevó más de medio año y ahora está en manos de la fiscal Paloma Ochoa y el juez Ramos.

Las armas fueron descubiertas en el marco de una inspección de la ANMaC realizada en una sede de la firma que, según fuentes judiciales, estaba habilitada como «usuario colectivo» porque tendría una empresa que presta su propio servicio de seguridad. El hecho denunciado fue que las armas encontradas excedían largamente las habilitadas para la empresa.

El arsenal encontrado incluía más de 200 granadas, proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, gas pimienta, 14 chalecos antibalas y un silenciador de armas, entre otros elementos.

Citaron a indagatoria a Alfredo Coto por tenencia ilegal de armas