En la mañana de este martes, en una audiencia que tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se ampliaron los cargos contra ocho directivos de la corredora de granos Guardati Torti y contra el contador de la firma, a quienes se acusó de administración fraudulenta en 156 hechos, delitos que, a entender de la Justicia, fueron cometidos “con ánimo de lucro”.
Se trata de Juan Carlos G., Juan Martin G., Natalia Susana G., Ángel Alberto T., Laura Marcela T., Susana Margarita A., Alejandro Damián G., Noemí Alicia P., y Gustavo Ricardo R., quienes ya habían sido imputados a fines de marzo del 2021 pero en diciembre pasado se continuó con las acusaciones.
En la audiencia de este martes se discutieron las medidas cautelares que pesan sobre los imputados, ya que hasta el momento tenían prohibido salir del país y habían realizado un compromiso jurado de no realizar ventas de bienes registrables.
No obstante, finalizado el encuentro el juez de primera instancia Alejandro Negroni renovó medidas cautelares para los acusados, quienes no podrán salir del país por el plazo de ley y tendrán una caución patrimonial de dos millones de pesos cada uno.
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Asimismo, el magistrado hizo lugar a un pedido de Fiscalía y prohibió que los acusados vendan o graven sus bienes registrados, librándose los despachos pertinentes hasta cubrir la suma de $6.975.000.
Sin embargo, no se dictó la prisión preventiva para los acusados, quienes podrán esperar el juicio en libertad.
En la audiencia que tuvo lugar el pasado 23 de diciembre -antes de que inicie la feria judicial- el fiscal Sebastián Narvaja acusó a los imputados de haber tomado parte en la comisión de una serie de maniobras ilícitas, con el fin de beneficiarse económicamente. Para esto, realizaron “actos desleales de administración de los intereses pecuniarios de los clientes” de la corredora de granos Guardati Torti S.A.”.
Según la investigación judicial, los directivos de la firma -con ayuda del contador- vaciaron de fondos líquidos las cuentas de 156 clientes-comitentes, violando así sus deberes de custodia y conservación.
Sin embargo, los clientes de la empresa advirtieron esta situación entre los días 6 y 7 de febrero de 2020, cuando quisieron retirar fondos de sus cuentas, pero esta posibilidad les fue negada. Según denunciaron, las pérdidas fueron de U$S 1.147.166,17 y de $6.770.462,14.
“Dichas maniobras se realizaron violando los deberes que pesaban sobre las y los imputados, por imperio de la ley, de la normativa dictada por la Comisión Nacional de Valores y por los contratos pactados con los clientes cuenta comitentes”, explicaron desde Fiscalía.
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En esta línea, indicaron que los imputados “consumaron el delito de administración fraudulenta de los intereses patrimoniales” de 156 personas, y que utilizaron “ilegítimamente ese dinero en beneficio propio”.
Por otro lado, se suma el hecho de que la firma -cuyo patrimonio neto al 30 de septiembre de 2019 era negativo por $746.000.000- ocultó su situación financiera.
Con este accionar, se provocó un perjuicio patrimonial -en beneficio de los imputados- de $6.768.645,12 y U$S 1.152.151,80.
El 30 de marzo de 2021 se realizó una audiencia imputativa a los ocho directivos -quienes quedaron el libertad- por 43 hechos de Administración fraudulenta, y a Gustavo Ricardo R. -quien fue contador de la firma- en grado de partícipe necesario. Además se les atribuyó a todos el delito de confección, aprobación y publicación de balances falsos, en grado de consumado y en el rol de co-autores.
