Por Gisela Gentile
Las mujeres estamos es una situación de desprotección constaste: la cultura machista y opresora en la cual vivimos nos mantiene en alerta permanente ¿Para qué voy a denunciar si no pasa nada? “Tiene perimetral pero viene cotidianamente a mi casa a amenazarme”, “Vivo encerrada mientras él circula sin problema alguno”, “Va a matarme y sé que lo hará”, son algunas de las frases que resuenan de la boca de aquellas mujeres que son violentadas y que aún tienen la posibilidad de alzar la voz, ya que otras lamentablemente no viven para contarlo.
El Estado en sus tres niveles desconoce y obra, en muchos casos, sin perspectiva de género y revictimizando a las mujeres violentadas, situación que nos coloca en un callejón sin salida y sin una respuesta que nos otorgue tranquilidad para poder seguir viviendo. Esta semana se dio una situación histórica en torno a este tema, ya que por primera vez se presentó en la ONU un caso de femicidio en Argentina.
Florencia Albornoz fue asesinada en 2010, pero como tantas otras mujeres, antes del fatal desenlace había realizado distintas denuncias. Desde 2008 dejó constancias en diferentes lugares la violencia doméstica a la cual estaba siendo sometida por su ex pareja (policía bonaerense). Durante años la hostigó, agredió y amenazó de muerte, al momento de su asesinato tenía el supuesto resguardo de una medida de restricción de acercamiento (perimetral). Como en tantos otros casos, el agresor violó la medida para ejecutar a la joven y a un amigo de ella, utilizando su arma reglamentaria.
El caso estuvo plagado de irregularidades. Por ejemplo: las autoridades sólo le permitían realizar las denuncias en la comisaría donde trabajaba su ex.
Por este aberrante hecho, La red Atravesados por el Femicidio, en conjunto con el equipo de litigio en Derechos Humanos Justicia y Reparación, presentó el 26 de mayo un pedido de reparación por este caso de femicidio ante el Comité Cedaw (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Cedaw por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas -ONU.
La petición realizada se fundó en las violaciones a los derechos humanos que sufrió la víctima principal del caso por parte del Estado argentino. El mismo no contempló el contexto de violencia de género en el cual estaba inmersa Florencia, desprotegiéndola y no brindándole las vías de acceso a la justicia.
Este caso estuvo plagado de irregularidades, uno de ellos fue que las autoridades sólo le permitían realizar las denuncias en la Comisaría de Quilmes, sección primera, donde trabajaba su ex, y por lo cual éste gozaba de una amplia impunidad. De hecho, seguía prestando servicio e incluso, se le había facilitado una vivienda en un destacamento de Quilmes al momento en que llevó a cabo el femicidio.
En 2012 los familiares iniciaron una acción civil contra la Provincia de Buenos Aires para solicitar una indemnización por daños.
En 2012 los familiares iniciaron una acción civil contra la Provincia de Buenos Aires para solicitar una indemnización por daños, motivada en que el Estado le dio un tratamiento negligente a las denuncias de Florencia. Sin embargo, después de ocho años, este expediente todavía no fue ni siquiera abierto a prueba, por lo que sigue en la etapa inicial del proceso.
En diálogo con Conclusión, Hugo Capacio, papá de Daiana, asesinada por su novio en el año 2012 y uno de los fundadores de la agrupación «Atravesados por el Femicidio», expresó: “Hoy la Agrupación federal Atravesados por el femicidio se encuentra compuesta por 100 familiares de víctima de femicidio a lo largo y a lo ancho del país. Todos los que somos parte de la misma vivimos en carne propia, el abandono o el mal proceder de algunos actores de la justicia, como así también la falta de prevención y protección del Estado”.
Muchas familias se encuentran sin saber dónde y cómo accionar ante tanta impunidad, “los integrantes de nuestra agrupación sostenemos de manera colectiva, que es importante y necesario poder establecer vínculos con abogados especialistas en la temática en derechos humanos, ya que consideramos que no hubo la suficiente protección por parte del Estado a las víctimas que han denunciado a su agresor”.
Para finalizar y en torno a esta delicada situación, Capacio reflexionó que “sin protección, sin herramientas y sin recurso de parte del Estado, la víctima vulnerable se transforma en presa fácil de un psicópata”.
La violencia machista no cesa porque se necesitan políticas reales de Estado y presupuesto para que no sigamos siendo ultrajadas. Según un informe publicado a finales del año pasado por la asociación civil «Vivas las queremos», 9 de cada 10 varones violentos y denunciados judicialmente violaron las restricciones perimetrales.
Es necesario un cambio de paradigma que coloque al violento en el lugar que corresponde y que proteja a las víctimas de ser violentadas una y otra vez. Miles de mujeres aún denunciando están completamente solas, aturdidas, asustadas, de espalda a la justicia y de cara a su agresor.
