El juez federal Sebastián Casanello puso en marcha la investigación en contra del presidente Mauricio Macri por el escándalo de los Panamá Papers. Para este lunes, el magistrado citó a prestar declaración testimonial al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, participante de la investigación periodística, y a la abogada Silvina Martínez, integrante de los equipos técnicos de la diputada nacional Margarita Stolbizer, por su especialización en sociedades extranjeras y off shore.

Esta es una de las primeras medidas que se adoptan en el marco del expediente en el que el fiscal Federico Delgado imputó al presidente, ordenando la apertura de una causa penal para determinar si hubo una omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes respecto de las dos sociedades offshore que figuran en la investigación periodística internacional.

Por su parte, el fiscal Delgado señaló a Radio Vorterix que la declaración de certeza que Macri pedirá ante el fuero civil no interfiere con la investigación iniciada en la Justicia Federal sino que «son cosas paralelas». No obstante, agregó que «toda declaración de certeza tiene el fin de aclarar la duda que puede tener un justiciable con el alcance de una norma legal».

“Si el juez que interviene aclara algún tipo de duda o dicta sentencia sobre un punto específico que le pregunte, eso alguna eficacia penal tiene que tener, pero sería parte de la investigación», concluyó el fiscal.

Más allá de las mencionadas citaciones a testimoniales, el juez Casanello aún no había ordenado esta mañana otras medidas sugeridas por el fiscal. Entre ellas, la de requerir a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) un «amplio informe» sobre las dos sociedades offshore en cuyo directorio figura el presidente Mauricio Macri.

La sociedad del presidente es la firma Fleg Tradin LTD, radicada en las Islas Bahamas desde el año 1998, en la que el presidente Mauricio Macri «fue director y vicepresidente», y de otra sociedad denominada Kagemusha SA, «registrada en Panamá y aún en funcionamiento».

También, entre las medidas sugeridas por el fiscal Delgado a Casanello, se incluye la de requerir a la Administración Federal de Ingresos Públicos las declaraciones juradas de Macri y un informe sobre qué sujetos están obligados a declarar sus sociedades offshore.

Por otro lado, pidió que se solicite opinión a expertos de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Di Tella sobre si Macri debería haber incluido en sus declaraciones juradas esas sociedades offshore «a la luz de la Ley de Ética Pública».