Por Florencia Vizzi

Incluso para aquellos que no suelen dedicar demasiado tiempo a la lectura de las crónicas policiales, el nombre de Luis Enrique Quevertoque no pasará desapercibido. Se trata de un ex comisario de la policía santafesina que allá, por el año 2013, se desempeñaba como subjefe de la  Brigada Operativa de la División Judicial (BOJ) de la Unidad Regional II, brigada que condujo la mayor parte de la investigación contra Los Monos. Durante los 57 días que duró el juicio a la banda de Las Flores, muchas fueron las referencias  que ligaban al subjefe de la BOJ en una suerte de sociedad con la dupla Luis Medina-Esteban Alvarado . Y, dos años después, el rumor se convirtió en certeza cuando, a fines de 2019, Luis Enrique Quevertoque fue detenido e imputado  por ser parte de la asociación ilícita liderada por Esteban Lindor Alvarado.

Esta semana, el ex subjefe firmó un juicio abreviado y fue sentenciado a tres años de prisión, de cumplimiento efectivo. Además de ser parte de la organización, fue condenado por la omisión de promover la persecución y represión de delincuentes y por el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

¿Luis llega a Luis?

Los nombres de Luis Medina (acribillado a balazos en diciembre de 2013 junto a su novia Justina Perez Castelli) y Esteban Alvarado (detenido en febrero de 2019 ) fueron una constante referencia durante todo el desarrollo del juicio oral y público a los integrantes de la banda Los Monos, en el año 2017. La estrategia de las defensas apuntaba  a desacreditar  la causa instruida por el juez Juan Carlos Vienna, y a quienes llevaron a cabo la investigación  y apuntar los faros a quienes, en teoría,  disputaban el negocio que el clan de Las Flores lideraba. Dentro de esa estrategia estaba también, imponer la sospecha de que algunos integrantes de la BOJ eran socios de Alvarado. Algo que ahora, al menos en parte, ha sido comprobado y, en una vuelta de tuerca casi inesperada, mucho de lo que se dijo durante aquellos días es parte de la investigación y de la prueba que forjó la caída de Esteban Lindor Alvarado y que comenzó con el crimen del prestamista Lucio Maldonado.

El día 22 del debate oral se convirtió en una de las jornadas más recordadas, y lo fue por el testimonio de Gustavo «Gula» Pereyra, uno de los 13 policías imputados (finalmente absuelto). Desde el año 2012, Peryera revistaba como jefe de la Brigada Operativa de la entonces Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad, Brigada que a su vez también tenía en la mira a la BOJ.

Su declaración fue detallada y sorpresiva, y puso en evidencia una imbricada red de conexiones cuyos brazos se extendían al poder político y judicial. Fue uno de los testimonios que más en claro dejó los enfrentamientos internos dentro de las divisiones de investigación, las conexiones con el delito y la puja por el comercio de estupefacientes que desangraba las calles de la ciudad. En aquella jornada relató como su entonces jefa, Ana Viglione, le encomendó también la tarea de investigar a  los integrantes de la División Judiciales, encabezada por Cristian Romero e integrada, entre otros, por Luis Quevertoque como subjefe y Ariel Lotito, como coordinador del trabajo de calle.

Quevertoque fue aludido en varias ocasiones por el ex comisario, quien contó, entre otras cosas, que aparecía en una investigación de la Agrupación Unidades Especiales de San Javier en 2010, sobre un avión que «tiraba drogas en las zona de Helvecia» y que había escuchas que lo comprometían. Además, lo señaló como el responsable junto a Esteban Alvarado de hacer «recaudación» “Lo querían poner a Alvarado y a Luis Medina para que manejaran toda la zona. Porque Quevertoque en su momento era socio de Alvarado, eran vecinos, fueron cuñados”. 

Pereyra relató también que había recabado datos y pruebas que involucraban a Luis Quevertoque  en varios hechos de robo y piratería del asfalto. Y también lo señaló como el responsable, junto a Esteban Alvarado de hacer «recaudación» “Lo querían poner a Alvarado y a Luis Medina para que manejaran toda la zona. Porque Quevertoque en su momento era socio de Alvarado, eran vecinos, fueron cuñados”.

Ese día, el ex comisario Pereyra también soltó nombres de alto peso político, entre ellos, el de Maximiliano Pullaro y de Antonio Bonfatti. Y acusó: «Lo que pasaba es que había dos líneas políticas, una que quería recaudar dinero del narcotráfico y otra que no. Parece que ganó una y sacrificaron a los peones, que somos nosotros», se lamentó.

Pero la jornada anterior del debate, también había sido reveladora en cuanto al desempeño del subjefe de la Brigada Operativa Judicial,  cuando fue llevado a declarar Germán Almirón, un ex policía, subalterno de Quevertoque, condenado en junio de 2017 por facilitar la fuga de un miembro de Los Monos de la jefatura de Rosario y por extorsionar a su esposa.

En una de las escuchas que se reprodujeron en esa jornada, Almirón acusaba a sus superiores de filtrar los datos de los operativos que realizaba la BOJ. En una conversación con un colega suyo, José Luis Ramonda, sobre un operativo fallido en el que buscaban detener a Emanuel Chamorro, integrante de Los Monos, se escuchó este intercambio:

— Chely ¿me escuchás?

—Si te escucho

—Yo estoy en Buenos Aires y recién me llamó la mina que anda con Chamorro. El sábado mismo a la tarde le avisaron a Luis Medina de adentro de la Brigada que nosotros lo íbamos a ir a tumbar a ellos y Luis les avisó a todos.

—¿De la Brigada salio?

—Sí de la Brigada nuestra salió. Le avisaron a Luis y Luis les avisó a todos porque están trabajando para él.

—¡Hijos de mil puta! ¿Y vos a quien le avisaste el otro día?. ¿A Luis (Quevertoque) y a quién más?

—Y a vos. Tres no más sabíamos… Chely, ¿vos a Luis Medina no llegás?

—No no llego.

—Decime la verdad ¿Luis llega a Luis?

—Y no sé que decirte, que se yo. Viste como es esto. No se que decirte.

—Si Chely, pero me estoy arriesgando la vida me van a meter un petardo para que estos se llenen los bolsillos, son unos hijos de mil puta, Chely, no es así, me estoy arriesgando y estoy arriesgando mi familia al pedo… no puede ser. Llego hablo con Romero y me pido el pase…

—¡No no! ¿sabés lo que vamos a hacer? Cuando toque la próxima llamame a mi.

—Estoy llorando de la bronca, me estoy embarrando hasta la mitad del cuerpo loco. No pueden hacer eso.

—Vos en la próxima no le avisés a nadie. Vos y yo no más. No avises a nadie más.

—No, no, si yo no le avise a nadie. Lo primero que hice lo llamé a Luis (Quevertoque), lo llamé al Toto y te llamé a vos. Ah! al Toto también le avisé.

La caída

El 2 de febrero de 2019 Esteban Lindor Alvarado fue detenido en un camping de Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba. El bajo perfil que intentó mantener durante una parte de su «carrera delictiva» se desmoronó con el crimen del prestamista Lucio Maldonado, cuyo cuerpo fue encontrado el 13 de noviembre de ese año en la zona de Circunvalación y Oroño, a un par de cuadras del casino City Center. Tenia las manos atadas y, por la posición del cuerpo, los investigadores suponen que estaba arrodillado cuando lo ejecutaron con un tiro en la nuca. Además, tenía otros dos disparos y un cartel que decía «Con la mafia no se jode».

Con Alvarado, cayeron también varios policías. Hay ocho uniformados imputados, algunos de ellos acusados de inclinar las investigaciones por las balaceras contra edificios relacionados al Poder Judicial en contra de Los Monos, cuando en realidad estaban orquestadas por el propio Alvarado.

Pero los primeros en caer fueron Cristian «Chamuyo» Di Franco, Javier Makhat y Luis Quevertoque. Este último es el segundo en firmar un juicio abreviado tras declararse culpable (Di Franco fue condenado poco antes con el mismo procedimiento). Las pesquisas que llevaron a cabo los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Unidad de Gravedad Institucional, demuestran que la relación de Quevertoque con Alvarado se extiende a lo largo de varios años, incluso desde la época en que el subcomisario revistaba en la División Judiciales e investigaba a Los Monos y varios de los delitos que se le atribuyen fueron cometidos en esa misma época.

Permiso estatal

Los fiscales lo acusaron formalmente de ser parte de una asociación ilícita que funcionaría, al menos, desde junio de 2012, y estar entre el grupo de personas que, «con sus aportes permitieron construir un permiso estatal contrario a la ley para beneficio del jefe de la asociación«. De acuerdo a la acusación, Quevertoque proveyó apoyo logístico en el traslado de mercaderías provenientes de delitos; sirvió de nexo entre policías de su división y Esteban Alvarado y le procuró impunidad con sus acciones y omisiones.

Entre las muchas evidencias que constan en la causa, se incluyen varios informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que lo revelan como el nexo entre la policía de Santa Fe y Esteban Alvarado y lo ubican realizando controles sobre un vehículo que trasladaba mercadería ilícita y facilitando información sobre los controles de prevención que se ubican en los lugares por donde iba a circular dicho vehículo.

También constan múltiples comunicaciones extraídas del celular de Luis Medina con un contacto registrado JU (por judiciales) y con las personas que visitaban a Alvarado durante el tiempo que estuvo detenido, como Jonatan Previtera y el organizador de la banda, Jorge Benegas. Y el audio citado más arriba, entre Almirón y Ramonda, en el que Almirón le pregunta si Luis (por Luis Quevertoque) llega a Luis (por Luis Medina) y Ramonda contesta «a Luis no se pero Alvarado seguro».

Cabe aclarar que José Luis Ramonda es uno de los funcionarios que se hizo presente en el domicilio de Luis Medina para llevar adelante un registro sin orden judicial.

Además, entre las pruebas aportadas, se reveló que Quevertoque era propietario, en sociedad con Jorge Benegas, mano derecha de Alvarado, de un caballo pura sangre, llamado Cascarudo,  que corre en el hipódromo de Palermo, y que los tres compraban y vendían caballos de carrera y compartían a un mismo cuidador.

Esta semana, Luis Enrique Quevertoque admitió ser culpable de integrar una asociación ilícita, encubrimiento agravado, omisión de promover la persecución y represión de delincuentes e incumplimiento de los deberes de funcionario público y fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo.