La Justicia, junto a Gendarmería Nacional, allanó este lunes durante más de siete horas la sede del Sindicato de Camioneros que conducen Hugo y Pablo Moyano, en una causa por presuntas irregularidades y asociación ilícita de la barra brava y dirigentes del club Independiente, del cual es presidente el ex jefe de la CGT.
El operativo se efectuó desde la mañana en la sede gremial de San José al 1700 del barrio porteño de Constitución, y cuando llegaron los gendarmes ya estaban allí los Moyano.
Según fuentes del caso, el procedimiento -para el que se destinó más de un centenar de gendarmes- fue dispuesto por la jueza de Avellaneda Brenda Leticia Madrid, que reemplazó al suspendido magistrado Luis Carzoglio, quien pese a tener un dictamen fiscal en favor del allanamiento nunca le dio luz verde.
Las autoridades judiciales ordenaron la búsqueda de material de prueba para la causa, aunque el abogado de Camioneros, el ex juez Daniel Llermanos, afirmó que «es un allanamiento televisivo y no tienen idea de lo que buscan».
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Hugo Moyano sostuvo ante la prensa que «si me tienen que meter en cana que me vayan a buscar a mi casa. Que lo hagan, me entrego, pero que no jodan a la gente que viene a atenderse. Si (Patricia) Bullrich o (Mauricio) Macri me quieren meter en cana ya estoy, me entrego, y después que se la banquen«.
«Por favor señor Presidente, no siga haciendo estupideces, gansadas, porque todos los errores que usted comete los paga la gente», enfatizó Moyano en declaraciones a la prensa en la sede gremial del barrio porteño de Constitución, donde expresó que Mauricio Macri ha demostrado una «incapacidad total» para gobernar.
Su hijo Pablo dijo por su lado que «esto es peor que los milicos, es un atropello y vamos a responder con una medida». Añadió que «es una vergüenza: hay diez o quince carros con 150 gendarmes».
«Acá no tenemos nada para esconder, el tema es que nos quieran plantar algo para tener una excusa para meternos en cana. Estamos retenidos con Hugo por 150 gendarmes», insistió.
Y advirtió que «por más que nos metan en cana vamos a seguir peleando», tras conjeturar que el allanamiento se realiza «para asustarnos por el paro» que hicieron el Frente Sindical y las CTA la semana pasada. «No le tenemos miedo a Bullrich ni a Macri», remató.
En esa causa por asociación ilícita impulsada por el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, se investigan, entre otros puntos, presuntos vínculos de Pablo «Bebote» Álvarez -barrabrava de Independiente- con los Moyano y otros dirigentes del club.
En las oficinas de Bragarnik
En forma paralela, la jueza ordenó también por pedido del fiscal Scalera, un allanamiento a las oficinas del empresario y representante de futbolistas Christian Bragarnik, involucrado en el expediente, ubicadas en Encarnación Ezcurra al 400, Puerto Madero.
En la investigación se busca establecer el vínculo existente entre el empresario y la barra brava del «Rojo». De acuerdo con la denuncia, Bragarnik está apuntado por financiar a la hinchada con dinero, ya que su líder, Pablo «Bebote» Álvarez, había declarado en la Justicia que todos los entrenadores que pasaron por el club o sus agentes brindaban un aporte económico.
Scalera trabaja sobre la teoría de que la barra de Independiente desarrolla un sistema extorsivo con los jugadores profesionales, excepto aquellos que están bajo la órbita de Bragarnik.
La acusación contra el empresario fue realizada por el titular de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones.
La conducción de la CGT repudió el allanamiento a la sede central del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca).
«Esa causa parece claramente armada para perjudicar a dirigentes que defienden los derechos de los trabajadores», expresó un documento firmado por los jefes de la central, Carlos Acuña y Héctor Daer, y Julio Piumato, del área de Derechos Humanos.
Apoyo de la CATT
Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se solidarizó también con el gremio camionero, afiliado a esa central, y repudió «los reiterados allanamientos de Gendarmería Nacional a su sede central, en una escalada de hostigamiento desmedida».
Consideró «inadmisible» que a la par del «llamado oficial al diálogo y consenso se produzca un nuevo embate a un sindicato que confronta con la política económica del gobierno».
