Once personas, de entre 20 y 66 años, fueron imputadas el pasado viernes por integrar una asociación ilícita que se dedicaba a usurpar viviendas, vender estupefacientes y amenazar con armas de fuego, entre otros delitos. Cinco de los acusados permanecerán en prisión preventiva.
El fiscal Federico Rébola, quien lleva adelante la investigación sobre el accionar de esta banda, señaló que la misma se dedicaba a extorsionar, vender estupefacientes, usurpar viviendas -donde muchas veces instalaban puntos de ventas de drogas-, robar vehículos y comprar armas de fuego de origen ilícito, entre otras actividades delictivas. Cabe destacar que para realizar estos hechos, muchas veces se utilizaban armas de fuego -no sin cometer abusos- de manera ilegal.
Asimismo, la investigación determinó que la banda funcionó de forma continua desde el pasado 30 de julio hasta el pasado 25 de octubre, cuando fue desbaratada. Además, los delitos se llevaron adelante por el propio interés de la banda, pero también para terceros, a quienes se ofrecían estos servicios.
A los once imputados se los acusó de participar de la asociación ilícita en diferentes grados y de cometer diferentes delitos, todos relacionados a las actividades antes mencionadas.
Así, a Valeria Paula D., de 27 años, y a Franco David R.M., de 29, se los señaló como presuntos jefes y organizadores de la asociación ilícita, una tarea que se ve agravada ya que en la misma habrían participado menores de edad.
A Luis Alberto D., Ariana Zulema D. -ambos de 32 años-, Darío V., de 20 años, Cristofer Damián A., de 25 años, y Jonatan Gabriel D., de 30 años, se los imputó por ser miembros de la asociación ilícita, un delito que también estaría agravado por la participación de menores de edad.
Por su parte, a Débora Andrea N., de 50 años, Norberto David H., de 52, y Cristofer Damián A. se los acusó por tenencia ilegal de armas de fuego de guerra, en calidad de autores. La misma imputación pesó sobre Estela Maris A., de 66 años, a quien también se la acusó de acopiar municiones.
Además, a Sergio Hernán R., de 25 años, se lo imputó por el delito de robo con arma de fuego de aptitud acreditada.
A Valeria Paula D. y a su hijo, Darío V., también se los acusó por los delitos de amenazas coactivas calificadas por compeler a la víctima a abandonar su residencia habitual en carácter de co-autores, y por amenazas simples con armas.
Finalmente, a Luis Alberto D. y a Ariana Zulema D. también se los imputó por usurpación.
¿Qué rol tenía cada uno dentro de la banda?
Según la investigación, Valeria D. y Franco R.M. eran los jefes u organizadores de la organización y se encargaban de distribuir las actividades delictivas a los diferentes miembros. Además, proveían armas a lo integrantes y recibían el dinero de los delitos realizados.
A su vez, Franco R.M. también habría efectuado disparos para realizar algunas de las tareas delictivas de la organización.
Luis Alberto D. y Ariana Zulema D. se encargaban de custodiar las viviendas usurpadas por la organización, particularmente el inmueble que se encuentra en calle Las Flores al 3.600 de Rosario; Ailén Silvia V., por su parte, se abocaba a la comercialización de estupefacientes.
A Darío V. y a Cristofer A. se los señaló como los encargados de realizar amenazas con armas de fuego, ataques armados a domicilios y otras tareas con utilización de armas.
En tanto, Jonatan D. se encargaba del lavado de activos, para hacer pasar como legal los bienes adquiridos a través de actividades ilícitas. A este delito lo realizaba principalmente con la compra/venta de autos.
Otros delitos
A Débora Andrea N. y Norberto H. se los acusó por haber tenido sin la debida autorización legal una pistola calibre 38 marca Bersa con numeración visible y cartuchos intactos calibre 357, todo secuestrado en un allanamiento realizado el pasado 25 de octubre.
En este allanamiento, además, se secuestró un revólver calibre 32 marca Rubi Extra con número de serie eliminado, y cartuchos intactos calibre 32, armamento que habría correspondido a Cristofer Damián A., por lo cual se lo imputó por tenencia ilegal de arma de fuego.
Además, a Valeria D. y su hijo, Darío V., se los acusó por intentar apoderarse de una vivienda ubicada en calle Constitución al 5.300 de Rosario a inicios del pasado mes de agosto, ofreciéndole a la persona que residía en este domicilio cambiar el inmueble por uno ubicado en Av. Libertador al 1.100 de Villa Gobernador Gálvez, lo que la persona rechazó.
Tras la negativa, la banda dejó una nota intimidatoria a víctima y Valeria D. y Darío V. se hicieron presentes en un local comercial para amenazar a esta persona por “problemas previos”.
A Luis Alberto D. y Ariana Zulema D. se los acusó por haber usurpado la vivienda ubicada en calle las Flores al 3.600, por orden de Valeria D., y despojar a la familia que vivía en ella mediante violencia y amenazas.
A Estela Maris A. se la imputó por haber tenido sin la debida autorización legal un revólver calibre 38 marca Orbea sin numeración visible, una caja con 40 cartuchos calibre 9mm y una caja con 100 cartuchos calibre 22. Todo este armamento se secuestró en un allanamiento realizado el pasado 25 de octubre en una vivienda ubicada en calle Castellanos al 5.200.
Finalmente, se acusó a Sergio Martín R. de haber sustraído un teléfono celular que estaba en venta, junto a otro hombre que hasta el momento no fue identificado. Este hecho se habría cometido el pasado 30 de septiembre.
Tras avisarle a la víctima que le habían robado el celular, la citan en la vivienda de calle Las Flores para entregarle el aparato. Cundo la persona llega hasta el lugar, los hombres le mostraron un arma de fuego e intentaron robarle el vehículo en el que se desplazaba, pero la víctima logró evitarlo.
La decisión del juez
El Juez de Primera Instancia, Román Lanzón, tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó diferentes medidas preventivas para los once acusados.
Para Darío V., Valeria D., Franco David R.M y Sergio Hernán R. se dictó la prisión preventiva efectiva, por el plazo de 6 meses; mientras que para Estela Maris A. se dispuso la prisión preventiva con modalidad domiciliaria, por el plazo de 6 meses.
Para Luis Alberto D. y Ariana Zulema D. se dictaron medidas alternativas no privativas de la libertad por el plazo de 6 meses como fijar residencia, firmar mensualmente ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), no salir del país y no contactarse con las víctimas.
Similares medidas se dispusieron para Débora N. y Norberto David H., quienes por el plazo de seis meses continuarán en libertad pero deberán presentar mensualmente una firma en la OGJ, no podrán salir de Rosario y tampoco acercarse ni contactarse con las víctimas.
Para Cristofer A. se dictó una medida cautelar no privativa de la libertad con reglas de conducta por seis meses, como firmar mensualmente en la OGJ, no salir del país, no contactarse ni acercarse a las víctimas y no tener ni portar armas de fuego.
Finalmente, Jonatan D. seguirá en libertar durante los próximos seis meses pero deberá presentar una firma mensual ante la OGJ, no salir de Rosario ni contactarse o acercarse a las víctimas.
