La Agencia de Control Policial (ACP) se encuentra realizando este lunes una inspección en las oficinas de la Central del 911, en sede de Gobierno, en el marco de una causa que investiga el presunto encajonamiento sistemático de denuncias recibidas al 0800-444-3583 desde 2019 hasta mayo de 2023.
La línea, que pertenece al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, está al servicio de la población las 24 horas y tiene como objetivo exponer denuncias sobre el desempeño del personal policial, el acopio o venta ilegal de armas de fuego o venta ilegal de drogas.
De acuerdo con la presentación legal que llegó a la fiscal Karina Bartocci, los reportes ciudadanos que llegaban a ese 0800 “no eran judicializados o puestos en conocimiento de las autoridades de la Justicia Federal o Provincial”. Una práctica que, según sospecha la Fiscalía, se dio desde 2019 hasta mayo de 2023.
Los investigadores del Ministerio Público de la Acusación sospechan que los reportes anónimos que llegaban al 0800 del Ministerio de Seguridad eran incorporados a la Central de Información –que depende de la Subsecretaría de Prevención y Control Urbano– para armar el “mapa del delito”, pero las especificaciones de los denunciantes –ubicaciones de búnkeres de droga, acopio de armas, aguantaderos, etcétera– no se ponían en conocimiento de las autoridades para iniciar investigaciones.
“Se investiga por qué no pasó antes”, indicaron voceros judiciales. Además, agregaron que en la Justicia Federal recibieron la misma denuncia anónima. La Fiscalía solicitó un informe a la Estructura Orgánica Central “OJO” del protocolo que debe seguirse con las denuncias ingresadas al 0800.
“Aparentemente, por cuestiones de «protocolos internos» las denuncias no se investigaban”, indicó el vocero judicial sobre el supuesto destino de los reportes anónimos, el archivo destinado a engrosar el “mapa del delito” pero sin correlato en la realidad de la calle.
