Allanan la constructora Edeca y domicilios del operador judicial Busaniche en la causa al ex juez Bailaque
Un juez de Garantías ordenó las requisas en Rosario, Santa Fe y Buenos Aires, en el expediente por el que está con prisión domiciliaria el ex magistrado federal rosarino, acusado por varios delitos.
La sede de la constructora Edeca, en barrio La Cerámica, allanada este jueves.
La Justicia Federal de Rosario allanó este jueves la sede de la constructora Edeca, ubicada en Polledo 2517 de esta ciudad, y una escribanía situada en Hipólito Yrigoyen al 2600 de la ciudad de Santa Fe, ligada al operador judicial y escribano Santiago Busaniche, en la investigación por la que cumple prisión preventiva el ex juez federal Nº4, Marcelo Martín Bailaque. Fuentes de la causa desmintieron a Conclusión que se hubiera requisado el despacho del juez federal Gastón Salmain, quien enfrenta un trámite disciplinar en el Consejo de la Magistratura por el presunto ocultamiento de antecedentes penales en el concurso que lo desembocó en la magistratura.
Los procedimientos fueron solicitados por los fiscales que tramitan la acusación a Bailaque, al ex titular de la Afip Carlos Vaudagna y al financista rosarino Fernando Whpei, quienes se acogieron al beneficio del imputado colaborador en la causa seguida el ex juez local.
El juez de Garantías, Eduardo Rodrígues Da Cruz, ordenó las requisas en la sede la constructora rosarina y en domicilios de Santa Fe y Buenos Aires, vinculados al operador judicial Busaniche, de quien pretenden secuestrar su teléfono.
En el caso de la constructora Edeca, el allanamiento se realizó en la mañana de este jueves en su sede del barrio la Cerámica, situada en Polledo 2517. Según explican voceros de caso, los fiscales buscan información relacionada a una propiedad o un terreno que la firma habría otorgado a nombre de un familiar director del ex juez Bailaque, quien presuntamente habría intervenido en una causa beneficiando a la empresa, en un expediente por temas tributarios.
Edeca es una constructora relevante en Rosario y Santa Fe que también ha participado del sistema de licitaciones de obras públicas a nivel nacional, lo que le valió a sus directivos quedar involucrados en la denominada “causa Cuadernos”, de presunta corrupción con contratos estatales.
Su presidente es el ingeniero civil Marcelo Germán Burgués, la vice Beatriz Susana Podadera, e integran el directorio el maestro mayor de obras Luis Marcelo Gross y el técnico constructor Diego Antonio Ruiz.
En cuanto a Busaniche, cuyo hermano Mateo es camarista federal en Paraná (Entre Ríos), la Justicia ordenó allanar domicilios en Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. La Gendarmería buscaba el teléfono celular del escribano y abogado santafesino que desde hace años está sindicado como “operador judicial” en el fuero federal.
Según fuentes de la pesquisa, el contacto de Busaniche aparece en el teléfono celular secuestrado en su momento al ex titular de la Regional Afip de Rosario (hoy Arca), Vaudagna, quien se presentó en la causa como arrepentido y prendió el ventilador.
Los investigadores creen que el ex rugbier santafesino podría haber tenido alguna participación en la causa “inventada” por Vaudagna y Bailaque al operador de bolsa Claudio Iglesias, quien declaró en el trámite que tiene preso en su domicilio al ex juez federal rosarino que Whpei le pidió 200 mil dólares a cambio de que no avanzara la causa. Además, el financista testimonió que hizo pagos parciales por 160 mil dólares.
El renunciado juez federal Marcelo Bailaque, ahora en prisión preventiva.
Por ese hecho, y otros más, fue imputado con prisión preventiva Bailaque y corrió la misma suerte Whpei, aunque el financista del Grupo Unión se acogió recientemente al régimen de imputado colaborador, lo que supone una morigeración de posible pena a cambio de aportar información “hacia arriba” en la investigación.
Bailaque, por su parte, presentó la renuncia a su cargo de juez federal, que fue aceptada por el presidente Javier Milei, mientras transcurría en el Consejo de la Magistratura un proceso de destitución. Con ese “favor” del Poder Ejecutivo, podrá percibir una jubilación como magistrado de la Justicia federal.