Por Fabrizio Turturici

La megacausa por estafas inmobiliarias que lleva adelante la fiscalía de delitos económicos, a cargo de Sebastián Narvaja, sigue levantando polvareda no sólo en el ámbito judicial, sino también político y mediático.

Por tal motivo, Conclusión dialogó con Carlos Varela, abogado defensor de dos de los once implicados, que son el contador Marcelo Jaef y el empresario de motos Leandro Pérez, ambos detenidos.

“Nosotros creemos que la causa ha tenido una repercusión inusitada en términos mediáticos y que no se condice con el material probatorio que arroja el caso. Además, en una investigación donde se está intentado saber qué pasó con un delito patrimonial o una estafa, de ningún modo se pueden permitir las detenciones que se hicieron”, analizó Varela desde su lógica posición de abogado defensor.

Sobre la noticia de última hora, que la provincia se involucrará como querellante de la megacausa, Varela consideró que “me sorprende mucho, creo que esta causa ha tomado ribetes insospechados en cuanto a la magnitud. Me sorprende también porque no lo han hecho nunca en otros casos”.

“Creo que hay un fuerte protagonismo de parte del poder político que entorpece el accionar judicial. De algún modo, solapadamente, hay una invasión del Poder Ejecutivo en la Justicia. Todos sabemos los mensajes que se mandan cuando el estado provincial se mete en estas causas, que de alguna manera amarra de pies y manos a quienes deben investigar y resolver”, sentenció.

Siguiendo la misma línea, Varela esbozó que “estas causas que tienen tanta repercusión mediática muchas veces impiden y obstaculizan una seria investigación judicial. Lo que exigimos es que se aplique la ley de la misma forma en que siempre se ha hecho, sin influencias de carácter político o mediático”.

En cuanto a sus clientes, Jaef y Pérez, su abogado explicó que “ellos están acusados en una operación que tiene que ver con una compraventa de campo en Villa Amelia. Esa sola operación hizo que se dispararan las órdenes de allanamiento y detención de los implicados”, cuestionó.

En tanto que “los delitos que se le implican a mis representados son falsificación de instrumentos públicos, utilización de DNI falsos, defraudación por estafa, asociación ilícita y lavado de activos. Debería investigarse y aclararse todo, pero es necesario que recuperen su estado de libertad, porque consideramos que es injusto ante la falta de elementos probatorios”, repitió Varela.

¿Y qué pasa con el peligro de fuga?, se le pregunta, a lo que responde: “Son personas que no tienen antecedentes penales: los delitos que se les imputan tienen una pena mínima de tres años, con lo cual es posible el dictado de una condena de ejecución condicional. Y no son peligrosos. Son personas con familia que se presentaron sabiendo que iban a quedar detenidos”.

En síntesis, el abogado de dos implicados en la megacausa terminó: “Nosotros no somos los que tenemos que aportar el material probatorio de que la imputación no corresponde, eso lo tiene que hacer la fiscalía”.