Causa Vicentín: detuvieron a Daniel Buyatti y Roberto Gazze, ex directivos de la empresa
Los procedimientos fueron requeridos por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja y se enmarcan en la investigación por asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta. que involucra a ex directivos de la firma.
Vicentín sigue dando que hablar y la investigación por graves delitos económicos continúa su curso. Desde el mediodía de este viernes se realizan alrededor de 20 allanamientos en distintas localidades de Santa Fe y Buenos Aires. En los procedimientos, que fueron requeridos por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja y realizados por Gendarmería Nacional, fueron detenidos Roberto Gazze, integrante del directorio, y Daniel Buyatti, ex presidente de Vicentín , quienes serán presentados en audiencia imputativa en los próximos días.
Según las primeras informaciones proporcionadas por fuentes judiciales, los operativos fueron en domicilios de Rosario, Funes, Reconquista y Avellaneda en la provincia de Santa Fe, y también en Adrogué y Ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos tienen por objeto la búsqueda y cautela de elementos de interés para la investigación en curso.
Los fiscales Moreno y Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Rosario, investigan a la empresa, desde hace casi cinco años, por los delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta. La hipótesis con la que siempre trabajaron los funcionarios judiciales es que el default financiero de Vicentín, que se declaró a fines de 2019, se trató de un fraude organizado por un grupo de personas, entre ellos, algunos de los que en ese momento eran directivos de la firma.
Moreno y Narvaja los acusan de falsear los balances de los años 2017 y 2018 para ocultar los verdaderos pasivos de la firma, y de confeccionar y presentar informes falsos antes diversos bancos, aparentando una solidez financiera de la que carecían, para obtener créditos que superaron los 500 millones de dólares, dinero que nunca fue pagado y del que no hay rastros.
La Fiscalía de Delitos Económicos señalo en la acusación a los directivos de Vicentin SAIC que estaban al frente de la empresa al momento de la cesación de pagos, que dicho estrés financiero «no obedeció a un problema comercial derivado del contexto económico nacional, como argumentó la compañía, sino que resultó de maniobras ilegales del directorio que falsearon documentación (balances) para conseguir créditos y granos sabiendo que no estaban en posición financiera para poder devolver los préstamos o pagar la mercadería».
A principios de 2024, los fiscales Moreno y Narvanaja solicitaron llevar a juicio a una docena de directivos de la empresa por los delitos de asociación ilícita, estafas y administración fraudulenta, contra un grupo de clientes de Vicentin y de entidades financieras -entre ellas el Banco Macro- que les otorgaron créditos creyendo que la información financiera de la firma era real.
En esa ocasión, los fiscales pidió para Daniel Buyatti de 16 años de prisión; para Alberto Macua, 16; a Roberto Gazze, 17, para Omar Scarel 14 años; para Máximo Padoan 12; a Cristian Padoan 10 años de cárcel; a Martín Colombo 13; a Sergio Roberto Vicentin 10 años; para Pedro Germán Vicentin igual monto de pena; a Yanina Boschi también 10 años; para Javier Gazze 8 y para Miguel Vallaza la misma pena.
También figuran en esa lista los síndicos Ernesto Garcia, Diego Telesco y Carlos Amut, para quienes se solicitó una pena de 7 años de prisión.