Un total de 17 detenidos por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar resultaron beneficiados hasta el momento con prisión domiciliaria desde el inicio de la emergencia sanitaria por coronavirus, en tanto a otros 41 se les negó el pedido.
Frente a los pedidos de arresto domiciliario basados ante el posible contagio del COVID-19 por parte de los detenidos por crímenes de lesa humanidad en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la fiscal federal Angeles Ramos advirtió en una serie de dictámenes emitidos en diversos casos en los que interviene que no corresponde la concesión del beneficio automáticamente por integrar el grupo de riesgo.
La representante del Ministerio Público Fiscal señaló ante varios tribunales que esa condición no implica que deba buscarse un lugar alternativo para cumplir la detención, ya que actualmente esa institución implementa protocolos acordes a ese grupo poblacional para su resguardo y no hubo reportes de casos sospechosos intramuros.
De acuerdo a un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde el inicio de la cuarentena, hubo 104 pedidos de prisión domiciliaria por parte de represores detenidos por asesinatos, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad en la dictadura, según consigna el sitio web oficial fiscales.gob.ar.
De este total, sólo se resolvieron 58, dentro de los cuales se otorgó el beneficio a 17 personas. Resta resolver el planteo de 46 detenidos y, en muchos de los casos, se pidió informes al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación previo a tomar una determinación.
De las solicitudes realizadas, 19 argumentan como único motivo la cuestión etaria, mientras que el restante agrega algún tipo de problema de salud.
Mientras que la Ciudad de Buenos Aires fue la jurisdicción que recibió más pedidos, Mendoza fue en la que más domiciliarias se otorgó, contabilizando nueve casos.
Por su parte, la fiscal Ramos cuestionó los argumentos de que el arresto domiciliario sea más seguro para los detenidos y que de esta forma tendrán una mejor atención médica, ya que bajo esa modalidad sólo podrán recibir atención de urgencia. Esto es debido a que las obras sociales que tiene la mayoría de los reclusos se encuentra con gran parte de los servicios suspendidos y con el resto de las consultas realizándose por correo electrónico.
Además, destacó que estando en el domicilio las posibilidades de contagio no se neutralizan, debido al contacto que puede tener el detenido con las personas que lo cuidan y que deben salir a la calle en busca de sus medicamentos y de su comida.
En los casos en que los represores cumplen la prisión en Campo de Mayo, la fiscal a cargo de la Procuraduría dictaminó que deben rechazarse porque en esa Unidad no hay «hacinamiento» y está «aislada» de las restantes cárceles federales.
