Se trata de Maximiliano G.D.G y Marina G., quienes se encontraban en prisión preventiva tras ser imputados en septiembre pasado. En una audiencia de cámara la defensa pidió que el hombre sea liberado y que la mujer cumpla con la preventiva de forma domicilia. Este último pedido fue aceptado por la jueza.
La Defensa de Karina G. argumentó que la mujer tiene un hijo menor y un familiar discapacitado a su cargo.
Desde el inicio de la cuarentena hubo 104 pedidos de prisión domiciliaria por parte de represores detenidos por asesinatos, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad en la última dictadura cívico militar.
Los hijos del dirigente social habían escrito dos cartas enviadas al presidente Alberto Fernández donde advertían por la frágil situación que atravesaba su padre. “No queremos que papá muera en la cárcel”, afirmaron.
La joven de 23 años fue imputada por homicidio simple. En sus considerandos el juez tuvo en cuenta el interés superior del niño de 2 años que está a su cargo.
Además del dispositivo electrónico, el juez federal Otmar Paulucci le impuso una custodia en la puerta de la casa y le revocó los permisos para salir a caminar e ir al gimnasio.
Lo dictó la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que el ex jefe de investigaciones de la Policía Bonaerense deberá volver a una cárcel común, informaron fuentes judiciales.
En el fallo, remarcaron “que la situación del imputado –condenado a cadena perpetua- encuadra dentro de las previsiones de la normativa reseñada, tratándose del geronte con mayor edad “. Será trasladado a una vivienda en Mar del Plata.
Los jueces votaron por unanimidad en la causa de la líder de la Tupac Amaru, que seguirá detenida, aunque pidieron "con urgencia" el arresto domiciliario.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida previsional a favor de la dirigente social y pidió al gobierno nacional que sustituya la prisión preventiva en el penal.
La justicia jujeña lleva 18 días de incumplimiento de la resolución emitida por la Cidh. Los abogados sostienen que ya debería estar fuera de la cárcel para evitar un daño irreparable en su integridad física.
La medida surge de un acuerdo entre la Fiscal Homicidios Dolosos y la defensa ya que la acusada tiene un hijo a su cuidado. Se la imputó por el delito de "exceso en la legítima defensa agravado por el uso de arma de fuego".