El Gobierno avanza con desalojos «exprés» para inquilinos que adeuden 10 días de alquiler
El Senado debatirá este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo, que reduce a diez días el plazo para exigir la desocupación de una vivienda ante la falta de pago. La iniciativa forma parte de un paquete de reformas promovidas por el Ministerio de Desregulación.
El Gobierno nacional intentará obtener este jueves la media sanción en el Senado para el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que establece un mecanismo de desalojo acelerado para inquilinos que incumplan con el pago del alquiler. La propuesta reduce de dos meses a apenas diez días el plazo que tendrá el propietario para reclamar la restitución del inmueble tras notificar la deuda.
El proyecto fue elaborado bajo la supervisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y será tratado este jueves en la Cámara alta. La iniciativa contempla que, una vez vencido el plazo de diez días desde la notificación por falta de pago, el locador pueda exigir la desocupación inmediata de la propiedad.
La propuesta original fijaba un plazo aún más breve, de apenas tres días, pero durante las negociaciones parlamentarias el oficialismo aceptó ampliarlo a diez jornadas para facilitar consensos y aumentar las posibilidades de aprobación.
La discusión legislativa se produce en un contexto complejo para los hogares que alquilan. Según datos difundidos por la organización Inquilinos Agrupados, el 70% de los inquilinos mantiene algún nivel de endeudamiento y destina más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda.
Durante el debate en comisiones también surgieron cuestionamientos por el impacto social que podría tener la norma. En ese marco, el oficialismo accedió a retirar un apartado que habilitaba desalojos en barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
La modificación fue producto de las negociaciones encabezadas por la bancada de La Libertad Avanza en el Senado y de las advertencias formuladas por organizaciones sociales y representantes de la Iglesia, que alertaron sobre el riesgo de agravar la situación habitacional en los sectores más vulnerables.
Los sectores críticos sostienen que la reducción de los plazos para los desalojos podría profundizar la crisis habitacional que atraviesa gran parte de la población inquilina, mientras que desde el oficialismo argumentan que la reforma busca garantizar el derecho de propiedad y brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios.