En la mañana del jueves se realizó la audiencia por el caso donde David Moreira fue asesinado en barrio Azcuénaga. La misma tuvo lugar en el Ministerio Público de la Acusación, participaron el abogado de la familia Moreira, Norberto Olivares y responsables de la fiscalía.
El debate intentó acordar la calificación del homicidio en el que participaron un grupo de personas que terminaron con la vida de David Moreira en barrio Azcuénaga y en la que están acusados dos jóvenes.
Al finalizar la reunión no se logró arribar a un acuerdo sobre la carátula de la causa, aunque las partes acordaron que buscarán que los imputados cumplan una pena efectiva.
En tanto, se ordenaron nuevas pericias para tratar de identificar a otros responsables de la muerte. Las medidas fueron solicitadas por la querella, quien representa a la familia de David Moreira.
La Justicia debe resolver el caso ajustándose a lo que estipulan las leyes. En tanto, el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia establece que si las partes no llegan a un acuerdo antes de llevarse a cabo el juicio, deben realizarse audiencias en busca de una postura conjunta.
En este marco, la querella considera que se trató de un homicidio simple que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión, en tanto los abogados defensores de los imputados consideran que se trató de un homicidio en agresión, que tiene una pena de 2 a 6 años de cárcel, el argumento se basa en que los agresores lesionaron a la víctima sin una intención premeditada de hacerlo.
Por otra parte, la fiscalía sostiene que no se puede establecer cuál fue el golpe que terminó con la vida de Moreira. A la vez, la mayoría de los testigos aseguran que fueron muchas las personas que golpearon al chico, por lo que no puede imputarse a dos personas las acciones de un grupo indeterminado de individuos.
Finalizada la reunión entre las partes, no hubo acuerdo y se decidió llamar a un cuarto intermedio hasta tanto se realicen las nuevas pericias, que se espera aporten nuevos datos a la causa.
En tanto, entre fiscalía y querella consensuaron un criterio común con respecto a obtener una pena efectiva para los acusados en el juicio.
