Por Florencia Vizzi
«Se está cargando con la culpa de un asesinato cometido dentro de una cárcel al Poder Judicial». Quien señaló esta paradoja fue la jueza penal Georgina Depetris, presidenta del Colegio en Pleno de Jueces Penales, y lo hizo en medio del desmedido cruce de acusaciones desatado luego del crimen de Ariel Rubén «Tubi» Segovia, asesinado este martes a la tarde en el pabellón 8C de la Unidad Penal de Coronda.
Segovia se encontraba alojado en ese pabellón luego de haber presentado un hábeas corpus puesto que llevaba largo tiempo en la zona que, comunmente, se denomina «buzón». En ese sector suelen ingresar los detenidos cuando deben cumplir con alguna sanción disciplinaria pero también por cuestiones de seguridad. Allí lo alojó el Servicio Penitenciario, alegando que ese era el pabellón de «máxima seguridad» y que era la única forma de protegerlo de sus posibles enemigos. Pero Segovia no quería seguir en ese pabellón y presentó un Hábeas Corpus, por medio de sus defensores, al cual le dio curso el juez Carlos Leiva. Así es que, el pasado 14 de marzo, el «Tubi» volvió al pabellón común, donde ayer por la tarde ingresaron un grupo de encapuchados, le pasaron un cable por el cuellos y luego lo apuñalaron varias veces.
Poco después del homicidio, comenzó el cruce de acusaciones, y desde el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario no han dejado de fustigar al Poder Judicial, al que responzabilizan por lo ocurrido.
«Aunque parezca algo básico, lo que surge o lo que se desconoce en este caso, realmente, es cuáles son las atribuciones y los responsabilidades de cada uno. Trasladar el tema de si hubo o no hábeas corpus es absolutamente irrelevante porque es inadmisible pensar un homicidio dentro de una cárcel, independientemente si un juez hizo lugar a un hábeas corpus o no. Aquí estamos hablando de la posibilidad de ingreso de un arma blanca a un penal, de la posibilidad de que ingresen personas encapuchadas como se ha visto en las cámaras de seguridad y que no sea advertido por nadie. Intentar echar la culpa de esto a las decisiones judiciales, realmente parece una cosa insólita y además una irresponsabilidad muy grande hacia la población, porque tiende a confundir y a mezclar los roles», remarcó Georgina Depetris, quien habló en nombre de los magistrados que se sintieron agraviados por las sucesivas acusaciones.
«Los jueces nada tenemos que ver con las cuestiones de Seguridad, nada tenemos que ver con las medidas que se toman al respecto, nada tenemos que ver cómo se debe custodiar, cómo hacer una requisa, como se ingresa a un penal o cuando ingresan las visitas – remarcó enfáticamente la magistrada. Nada tenemos que ver con cuestiones que son propias de Ministerio de Seguridad. Evitar un homicidio o lesiones o cualquier otro tipo de cuestiones que puedan suscitarse en una cárcel que está bajo la custodia directa Ministerio de Seguridad es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Seguridad».
La magistrada señaló que las declaraciones de Ricardo Silberstein, ministro de Justicia, sólo buscan desviar la atención hacia otro lugar. «De lo que habla el doctor Silberstein no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión central: cómo puede ser que haya ingresado un arma al penal, cómo puede ser que haya gente encapuchada que ingresa un penal. Entendemos que en una cárcel esto no puede ocurrir de ninguna manera haya o no Hábeas Corpus», remarcó.
Depetris insistió en remarcar roles y responsabilidades en las distintas esferas: «La interpretación de los jueces sobre las leyes puede ser muy personal. Habrá quien tenga algún criterio determinado u otro Pero también para cubrir y salvar esas cuestiones existe la posibilidad de la revisión de las decisiones de los jueces y la posibilidad de evaluación de un juez superior, justamente para tener una doble conformidad respecto a lo correcto. Y por supuesto, si algún juez va en contra de la ley o actúa desde una situación de incapacidad, digamos, existen también los mecanismos legales para su sanción y su renuncia, esa es otra cuestión. Pero que esto tenga alguna relación con el asesinato de una persona que está en una cárcel, en la exclusiva esfera del Ministerio de Seguridad, es algo que no está en discusión, sea cual sea la celda que le toque estar. Es una cuestión exclusivamente de seguridad, aún si lo pasaron a un pabellón común, aún si estuviera en una celda de castigo».
En cuanto al por qué el Ministerio de Seguridad endilga estas responsabilidades a los jueces, Depetris señaló que «ha sido una constante del Ministerio no hacer ninguna autocrítica y siempre tratar de trasladar la culpa a otro lugar». «Creo que eso ha sido muy peligroso porque sólo sirve para confundir a la gente. Mucho tendríamos que charlar nosotros para explicar a la gente para qué estamos. Nosotros no estamos con un micrófono cada cinco minutos al lado nuestro para explicar de que se tratan nuestras decisiones.No somos enemigos de nadie, ni del poder político, pero ha sido una elección trasladar cualquier cuestión al poder judicial», criticó la magistrada. Y agregó: «Acá lo que se está haciendo, hablando coloquialmente, es «tirar la pelota para otro lado». Pero no se está evaluando la propia gestión, ni se han elevado propuestas concretas para mejorar estos problemas. Lo único que se ha escuchado son quejas».
Depetris manifestó que es una «problemática de la cual no nos podemos hacer cargo». «Esto es un tema del Poder Ejecutivo que tendrá que tener sus recursos, que tendrá que tener sus mecanismos para adecuar que el cumplimiento de las penas o de las prisiones preventivas sean acordes al cumplimiento de la ley y de la Constitución. Los jueces no podemos flexibilizar estos márgenes. Tendrán que ver como lo resuelven. Y que ingresen armas a una cárcel, que personas encapuchadas sean captadas por las cámara pero no sean vistos por nadie, en nada tiene que ver con las decisiones de los magistrados».
La jueza enfatizó que la función de los jueces es ver que se cumplan las leyes y la Constitución. «Los jueces no tenemos nada para hacer en relación a la seguridad», remarcó.
Rosario sigue sangrando
Desde hace largo tiempo el Poder Ejecutivo de la provincia y el Ministerio de Seguridad vienen manifestando que la inseguridad está directamente ligada al accionar de los jueces que «dejan libres a los delincuentes».
En ese sentido, Depetris se permitió recordar las manifestaciones de víctimas de inseguridad, Rosario Sangra y señaló que la única respuesta que se le dio a la comunidad fue el reclamo a los jueces por penas mas duras. «Eso se dio en un marco de cuestionamientos importantísimos de la sociedad, de la cual por supuesto que los magistrados tenemos que hacernos cargo de la parte que nos compete. Pero también es cierto que los magistrados no podemos hacernos cargo de lo que ocurre en los barrios, y de lo que ocurre con la gente que ha cometido un ilícito y luego sale en libertad, o que ocurre con la prevención, con la custodia, refirió la jueza. Y se preguntó: ¿Cómo voy a decirle a la gente de los barrios que se sienta segura y custodiada si la política del gobierno es decir que no puede velar ni siquiera por la seguridad en las propias cárceles?
En ese sentido la magistrada explicó que el rol de los jueces no es ese ni es responder a las presiones políticas. «Los jueces no respondemos a órdenes del Poder Político, nosotros estamos para controlar, tanto al Poder Político como a cualquiera que quiera ejercer el poder sobre un ciudadano por fuera de las leyes», remarcó y agregó: «Cualquier ciudadano que crea que un juez está fallando contrariamente a derecho o incumpla las leyes o sea incapaz, tiene los mecanismos para hacer las denuncias que estimen pertinentes en ese caso y generar o motorizar los mecanismos para que eso ocurra. Si el doctor Silberstein entiende que existe una resolución que merezca esto verá él lo que tiene que hacer» «Pero -agregó la jueza antes de cerrar- «Sigo sin entender que relación tiene esta decisión que está atacando con el hecho de que haya habido un homicidio en el día de ayer en la cárcel».
