Financiamiento Universitario: la Corte rechazó un pedido de Milei y ratificó a los jueces del caso 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un pedido del Poder Ejecutivo para apartar a los jueces que intervienen en la presentación que impulsó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la gestión de Javier Milei por negarse a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario que, entre otros puntos, fija un aumento salarial para los docentes y un incremento en las becas estudiantiles.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso de la Nación el año pasado y, si bien en principio fue vetada por el presidente, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con la normativa y, al alcanzar dos tercios de los votos en cada recinto, lograron revertir la decisión de Milei. Sin embargo, mediante el Decreto 759/2025 desde Casa Rosada se negaron a aplicar esta ley al argumentar que no especificaba cuál era su fuente de financiamiento.

Ante esta situación, el CIN y rectores de universidades nacionales de todo el país presentaron un amparo colectivo para que el Estado cumpla con la ley y garantice los fondos que las casas de estudios necesitan para funcionar.

El caso recayó en el juez de primera instancia Diego Martín Cormick, quien, mediante una cautelar, ordenó al Poder Ejecutivo a actualizar salarios y partidas presupuestarias. Tras la apelación de Casa Rosada, la decisión del magistrado fue validada por la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, integrada por Sergio Fernández y Alberto Morán.

No obstante, el Poder Ejecutivo presentó una queja ante la Corte Suprema para que dos de estos jueces sean apartados de la causa dado que tendrían un interés personal: alegaron que Cormick es docente en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad Nacional de José C. Paz; y que Fernández es profesor en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es decir, ambos daban clases en casas de estudios que impulsaron este amparo colectivo.

Por los mismos motivos la gestión de Milei también pidió que los integrantes del máximo tribunal –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– se excusen y no intervengan en el caso.

La novela legislativa-judicial sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando la Corte Suprema rechazó el pedido del Poder Ejecutivo y se negó a desplazar a los jueces que intervienen en la causa. En el fallo, el máximo tribunal sostuvo que “no se acreditó elemento alguno que configure una causal de excusación” y remarcó que “la actividad docente en una universidad pública no implica necesariamente un interés personal, directo y relevante en el resultado del litigio”.

La Corte Suprema recordó que la recusación y excusación son recursos excepcionales y deben interpretarse de manera restrictiva, ya que alterarían el principio constitucional del juez natural. “No puede extenderse sin fundamento una causal de apartamiento a supuestos no previstos por la ley”, destacó el fallo, dando a entender que si esto ocurriera se afectaría el normal funcionamiento del sistema judicial.

En su decisión, la Corte también rechazó el pedido del Poder Ejecutivo para que los propios ministros del máximo tribunal no intervengan en la causa por ser docentes de universidades nacionales.

El máximo tribunal concluyó que el pedido del Gobierno no estaba dirigido contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, por lo que resolvió desestimar la queja. Así las cosas, el trámite judicial de la Ley de Financiamiento Universitario seguirá conducido por los mismos jueces que Milei cuestiona.