Por Alejandra Ojeda Garnero
Continúa a paso lento pero firme el juicio por la muerte de Franco Casco. Una nueva jornada de juicio donde son juzgados 19 policías de Santa Fe, por la desaparición y muerte de Franco Casco, y que desde el primer momento sostienen su inocencia, se desarrolló en los tribunales federales de Rosario, y Conclusión sigue siendo el único medio presente en cada una de las audiencias. Los acusados enfrentan una posible pena de prisión perpetua y algunos de ellos se encuentran en prisión preventiva desde hace cinco años.
Al finalizar el debate, los jueces que integran el tribunal, Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez deberán resolver en base a las pruebas existentes la responsabilidad de los trabajadores policiales, que sostienen su inocencia desde el inicio de la causa, y siempre estuvieron a derecho. En esta jornada estaba pendiente de resolución el pedido de las defensas al tribunal, para que se convoque a declarar a los funcionarios judiciales que participaron en los primeros momentos de la investigación en la justicia provincial.
En la jornada anterior, prestó declaración el empleado de la Secretaría de Derechos Humanos, Diego Rodríguez, quien manifestó que el 28 de octubre de 2014, cuando Franco Casco era buscado por distintas instituciones de la provincia, incluso la policía, realizó entrevistas a detenidos que estaban alojados en la comisaría séptima, y algunos de éstos le manifestaron que Franco había estado detenido en ese lugar, los policías lo habían golpeado y “se les fue la mano”, en tanto su compañera Malena S., se expresó en el mismo sentido.
El punto neurálgico de esta situación radica en que dichas declaraciones no figuran en el expediente, ya que los empleados manifestaron que no dejaron registrado en ningún soporte físico, es decir papel, audio o video, los supuestos dichos de los detenidos. Como si esto fuera poco, dicha información de vital importancia en ese momento, solo fue notificada vía telefónica, según Rodríguez, al fiscal Apanowicz, de acuerdo al acta confeccionado en marzo de 2021, y a Trangoni, un funcionario de la fiscalía, según declaró en la audiencia pasada.
Semejante desprolijidad y el cúmulo de contradicciones que se produjeron a partir de dicha declaración, motivó que los defensores soliciten que los funcionarios judiciales mencionados por Rodríguez se presenten a declarar. La resolución había quedado pendiente para este jueves, y el tribunal la dio a conocer al inicio de la audiencia. Los jueces hicieron lugar al pedido y los fiscales Fernando Dalmau, Guillermo Apanowicz y Mariana Prunotto; el funcionario de la Fiscalía Leandro Trangoni, y la jueza de ejecución penal Luciana Prunotto deberán declarar en la causa, pero debido a sus cargos pueden hacerlo de forma presencial, si así lo desean o pueden presentar un escrito.
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Luego del trámite, el tribunal se dispuso a escuchar a los testigos citados por las querellas. La perita psicóloga Liliana Rudman tuvo contacto con la familia de Franco Casco. Desde el inicio de la causa fueron «varias intervenciones en distintos momentos del proceso judicial y con diferentes modalidades». En un primer el requerimiento fue «fue la evaluación al riesgo subjetivo en el que se encontraba Ramón Casco». En ese sentido, «la preocupación estaba vinculada a prevenir revictimización secundaria». Es decir » a las prácticas institucionales inadecuadas a lo largo del proceso judicial».
Luego, otro momento relacionado la exhumación del cuerpo, «hicimos un acompañamiento integral con Ramón y su familia, y estuvimos presentes en la exhumación».
En base a las distintas intervenciones que tuvo la perito psicóloga con la familia, el abogado querellante le consultó sobre el impacto que tuvo la desaparición y muerte de Franco en Ramón y su grupo familiar. «Es un trauma inconmensurable en Ramón Casco y en la familia», aseguró. «La devastación subjetiva ocurrida por la pérdida abrupta de uno de sus hijos es algo imposible de determinar», manifestó la perita, y agregó «los duelos por la muerte de los hijos es una situación muy compleja para la elaboración de una pérdida, pero particularmente cuando hay una violación a los Derechos Humanos las personas suelen ser confrontadas a experiencias sumamente devastadora, extrema de la cual no tiene modo de defenderse».
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Sin especificar cual, la perita dijo que participó de una de las exhumaciones del cuerpo de Franco Casco. Vale recordar que se realizaron en dos ocasiones, la primera el seis de julio de 2015 y la segunda el 28 de marzo de 2019. «Fui a buscar a Ramón a la casa donde estaba parando en ese momento, en Buenos Aires, porque él vivía en Rosario, en el barrio donde vivían sus hijas y fui recibida por casi todos los hijos que en ese momento estaban ahí. La casa era bastante pequeña por lo cual pusieron unas sillas afuera, en la calle. Nos sentamos en círculo, pasaban vecinos y preguntaban, era una situación tensa, porque había diferentes posiciones en relación a la exhumación, algunos estaban de acuerdo y otros no», explicó la especialista, porque «esto los ponía frente a una nueva posibilidad de desaparición forzada, es decir si el resultado era positivo, se trataba de asumir la muerte de Franco y si el resultado era negativo era de nuevo estar expuestos a la búsqueda. Se pudo trabajar las opciones y que iba a pasar con cada uno de ellos frente al resultado».
Como ya se ventiló en otras audiencias, dos pericias de ADN realizadas a distintas muestras tomadas del cuerpo de Franco Casco y comparadas con muestras de sus padres Elsa y Ramón, arrojaron resultado negativo para Ramón, aunque una tercera finalmente confirmó la paternidad. Es que las dos anteriores, según explicaron los peritos que realizaron los estudios, las muestras no respetaron la cadena de custodia o bien se mezclaron con otras muestras, que no correspondían al cuerpo de Franco Casco y esta confusión con las muestras pusieron en duda el nexo biológico de Ramón con Franco, aunque finalmente se confirmó sin lugar a dudas, que Franco era hijo biológico de Ramón. La noticia para Ramón «fue tremendo, el resultado del ADN puso en duda la paternidad de Ramón, fue un momento difícil de trabajo», y agregó que «ante la posibilidad de no ser el padre de Franco, Ramón dijo: De todos modos, el no deja de ser mi hijo».
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Como es habitual, se presentaron en el debate testigos de contexto por parte de la querella, tal como lo hizo en su momento la abogada, antropóloga e investigadora del Conicet Eugenia Cozzi, en esta oportunidad fue el turno del abogado Máximo Emiliano Sozzo, doctor en derecho, profesor de sociología, derecho y criminología, en la Universidad Nacional del Litoral, investigador y docente en varias universidades del mundo, con un total de 18 libros publicados, 61 artículos publicados en revistas científicas y 57 capítulos de libros en el campo del saber, vinculados a la criminología.
Como en audiencias anteriores, sin datos concretos sobre el caso y con el apoyo de teorías vinculadas al funcionamiento de la policía, el abogado querellante le consultó al testigo si en su trayectoria académica realizó trabajos sobre el funcionamiento de la policía de Santa Fe. «Una de mis principales líneas de investigación a lo largo de mi carrera académica está vinculada en particular a la institución policial de la provincia de Santa Fe, donde vivo y trabajo. En total son once investigaciones vinculadas a temas policiales», explicó. Vale aclarar que la mayoría de los estudios fueron realizados en la ciudad de Santa Fe, tienen un recorte en tiempo y espacio, y una selección en la población relevada, por lo tanto, no es el fiel reflejo del objeto de investigación de la causa que se debate en este juicio. Ya que el mismo Máximo Sozzo reconoció, ante la pregunta de un defensor que «conozco el caso como cualquier otro ciudadano, por los medios de comunicación».
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El testigo enumeró todos los trabajos que realizó, relacionados con la policía de Santa Fe, en su mayoría vinculados al «uso de la violencia policial». «El primer estudio que inicié en 1998 a 2005 ‘Prácticas de uso de la violencia policial’ a partir de análisis de noticias periodísticas sobre los hechos de violencia policial»; también «a finales de los 90 un estudio sobre control interno de la actividad policial; otro sobre reforma policial; un estudio sobre la cultura y las prácticas policiales en el que se entrevistaron específicamente a policías de la unidad Regional 1 de Santa Fe y la Unidad Regional 2 de Rosario». Además, realizó diversos estudios vinculados a la función policial y su relación con la sociedad y los contactos que los jóvenes que de barrios vulnerables tienen con la policía. «En 2019 hicimos una evaluación de un programa del ministerio de Desarrollo social, Nueva Oportunidad, destinado a jóvenes vulnerables económica y socialmente que padecían algunas formas de violencia», explicó.
A partir de estos frondosos estudios académicos, la querella buscó mostrar un patrón en el accionar policial, en territorios y jóvenes en situación de vulnerabilidad, que se resumiría en distintas formas de hostigamiento, maltrato físico y verbal, detenciones arbitrarias, entre otros. Las investigaciones se realizaron en distintos barrios vulnerables de la ciudad de Santa Fe, con la realización de entrevistas en profundidad tanto a los jóvenes que habitan esos territorios como a policías que se desempeñan en dichos barrios.
Al ser consultado sobre las conclusiones generales de sus trabajos académicos, Sozzo expresó que «es muy difícil responder en un lapso de tiempo breve, porque cada investigación tuvo su objetivo específico y se han analizado temas específicos».
«Nos ha interesado a lo largo de los años distintas dimensiones del trabajo policial en la contemporaneidad argentina, y en la provincia de Santa Fe en particular tratando de, por un lado, explorar las miradas de los mismos policías sobre el trabajo policial, una línea de investigación que tiene mucho desarrollo que implica generar un diálogo. Por otro lado, las voces de los jóvenes en contexto de marginación económico social o las voces de las organizaciones sociales en contextos urbanos signados por fuerte presencia de instituciones policiales».
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Por otra parte, señaló que «a lo largo de este camino hemos podido observar que las relaciones entre policías y ciudadanos en Santa Fe están plagadas de tensiones y de conflictos, que tienen distintos niveles, dependiendo de quienes son las personas que se encuentran con la policía».
Respecto de cómo afecta la práctica de la violencia policial en un joven de sectores populares, el testigo dijo que «identificamos una serie de dinámicas de acción con los policías de calle, prácticas de maltrato físico y verbal, especialmente en el contexto urbano, lo que sería las fronteras de sus barrios».
Estas prácticas, según el investigador se dan en el momento de la detención, «en el mismo patrullero y en las primeras horas de detención en las distintas dependencias».
«Para los jóvenes de Santa Fe detenidos por personal policial, tanto en el escenario de los móviles policiales o en distintas dependencias, para ellos esa situación puede llevar a una detención temporal o a la dependencia policial es visualizada como una situación de riesgo desde el punto de vista de la integridad física», explicó el investigador, y agregó que para ellos «permanecer en el espacio público les da una garantía para evitar esta situación». También señaló, que, según sus estudios, en una encuesta a todos los efectivos de la provincia, el 46.4 por ciento de los policías negó que exista práctica de violencia policial», a la vez que indicó que «las prácticas abusivas», según sus relevamientos, están enfocadas a «personas jóvenes, varones, que son consideradas pobres, que tienen color de piel considerado oscuro».
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Al momento de ser consultado por los abogados defensores de los acusados, sobre su participación en el caso de Franco Casco, el abogado indicó que «conozco el caso como cualquier otro ciudadano, por los medios de comunicación». Por lo tanto, su aporte no constituye un elemento de prueba para este juicio, solo aporta un recorte de la realidad de la ciudad de Santa Fe sobre las prácticas policiales en determinados territorios, que en general nada tienen que ver con la muerte de Franco Casco.
El caso
Franco Casco llegó el 29 de septiembre de 2014 a visitar a familiares en Empalme Graneros, el 6 de octubre del mismo año, y a pocos días de haber llegado de Florencio Varela, su ciudad natal, abandonó la vivienda y su familia no tuvo novedades sobre su paradero hasta que el 30 de octubre, 22 días después, su cuerpo fue hallado en las aguas del río Paraná.
Un total de 19 policías, que desde un principio sostienen su inocencia, están siendo juzgado por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y torturas, por lo que enfrentan una posible pena de prisión perpetua. Cinco de ellos están detenidos desde hace más de cuatro años en prisión preventiva efectiva, en penales federales.
Son juzgados por los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, imposición de torturas seguida de muerte a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, entre los cuales se encuentran el ex jefe de la seccional 7ª Diego Alvarez, junto a los efectivos Cecilia Ruth Elisabet Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, en calidad de autores.
César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte del joven .
En el caso de Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Elisabeth González Belkis, Walter Daniel Ortiz y Ramón José Juárez, son acusados como partícipes secundarios.
