La causa contra el ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Saín y otros funcionarios, continuará su curso en el ámbito de la Justicia provincial pese al pedido de la parte acusatoria de que pase al federal. Así lo resolvió este viernes el camarista Jorge Andrés en un pliego más de diez páginas.
En sus fundamentos el camarista les otorga la razón a los defensores de los exfuncionarios del Ministerio de Seguridad en cuanto a que los únicos funcionarios que pueden violar la Ley 25.520 son aquellos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional.
La causa contra Marcelo Sain y otros funcionarios seguirá en la Justicia provincial by Conclusión TV on Scribd
Fundamentos del fallo
“Cuando la ley prescribe una pena a ‘todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 25.520’, debemos entender que refiere a cualquier funcionario o empleado público que integre el Sistema de Inteligencia Nacional, quedando excluidos todo otro empleado o funcionario, ya sea nacional o provincial, que no forme parte de dicho sistema”, indicó el camarista en los considerandos de su resolución.
Sin embargo, interpretó que en el caso bajo análisis “se podría verificar la presencia de tipo penales donde, conforme los supuestos de hechos imputados, se podrían subsumir las conductas de los funcionarios utilizando información obtenida a través de bases de datos o archivos a los que podían acceder en función de sus cargos públicos, en la figura de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, que son de competencia ordinaria.
Así, la resolución sostiene que “si bien le asiste razón a los impugnantes al sostener que los tipos penales contenidos en la Ley 25.520 escapan de la competencia ordinaria, pues únicamente pueden ser autores sujetos especiales cuya calidad no revisten los imputados en las presentes actuaciones, las conductas atribuidas a los mismos encuadrarían en otras figuras penales que sí son de competencia provincial”.
De ese modo, el camarista indicó que “conforme los supuestos de hechos que habría planteado la acusación en las audiencias imputativas, por las acciones que habrían desplegado los imputados estaríamos en presencia de ilícitos de competencia de la justicia ordinaria, la mayoría de ellos vinculados a la función pública (abuso de autoridad, peculado, malversación de caudales públicos, etcétera)”.
Sain fue imputado el 30 de noviembre de 2022 del delito de asociación ilícita con el fin de recabar información de personas en base de datos abiertas y cerradas para construir “perfilamientos”, supuestamente sin autorización judicial fundada en causas penales.
También fue imputado por el fiscal del caso, Ezequiel Hernández, de los delitos de abuso de autoridad y peculado, mientras que unas semanas después fueron acusados por similares ilícitos otros funcionarios que lo acompañaron durante su gestión al frente de la cartera de Seguridad.
El exministro explicó en diversas oportunidades que durante su gestión se realizaban “perfilamientos” de personas afectadas a investigaciones penales y consideró la acusación como un caso de “lawfare” o persecución política por las investigaciones que llevó adelante desde el Ministerio.
Sobre la causa
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostuvieron que la causa por supuesta asociación ilícita involucró al menos una treintena de maniobras de espionaje ilegal.
Siempre según el relato de los fiscales, el integrado por funcionarios y ex funcionarios provinciales captó información de personas por “razones u opiniones políticas”, preferencias partidarias, entre otras, y fue obtenida y posteriormente usada de forma ilícita.
