La normativa obliga a los fiscales del MPA a investigar los delitos de "microtráfico" o "narcomenudeo", que hasta el momento eran materia exclusiva de la Justicia Federal.
Los diputados santafesinos Matilde Bruera y Carlos del Frade cuestionaron los resultados que la ley de narcomenudeo –que permite que las justicias provinciales intervengan en causas vinculadas al consumo de drogas– tuvo en los distritos que la aplicaron, y aseguraron que la misma no controla el lavado de dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes y facilita el vínculo entre las bandas y la policía.
Así lo resolvió este viernes el camarista Jorge Andrés en un pliego más de diez páginas en donde expone los argumentos del rechazo al pedido de la Defensa de los acusados por violar la ley nacional de inteligencia.
Estaría conformada por fiscales de basto conocimiento en materia ambiental y contaría con dos delegaciones que funcionarían en Rosario y Santa Fe.
El lunes 9 de abril, los jueces provinciales deberán leer la sentencia de este proceso judicial por asociación ilícita a la familia Cantero, pero cuando eso suceda poco o casi nada quedará como respuesta a tanto dolor sufrido por las familias de las chicas y los chicos asesinados en los últimos diez años
Así lo solicitó la Cámara Federal de Rosario por la vinculación con el tráfico de estupefacientes en la región de Frontera, en la provincia de Santa Fe.
Los allanamientos fueron ordenados por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Sebastián Narvaja y son ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones y Gendarmería en más de 20 inmuebles.
Lo decidió la Justicia provincial al rechazar un recurso de apelación interpuesto por una empresa de seguros que consideraba que no debía hacerse cargo de cubrir los gastos del siniestro. Los jueces consideran abuso de Derecho.
Un total de 55 vehículos, 7 inmuebles y 5 chapas de taxis que habían sido incautadas en el marco de la causa por asociación ilícita que se le sigue a la banda narcocriminal pasarán a manos del Estado provincial.
Un nuevo capítulo se inscribe en la causa por la desaparición y muerte de "Pichón", ya que el juez Marcelo Bailaque resolvió rechazar la competencia del fuero federal por considerar que no está acreditada la desaparición forzada de persona.
La provincia de Santa Fe firmó hoy acuerdos con la Procuración General de la Nación para la creación de equipos de trabajo conjuntos con el fin de “trabajar en casos de narcocriminalidad”.
Así lo decidió la jueza de la Cámara de Apelación Penal Georgina Depetris, basando sus fundamentos en las evidencias consideradas en primera instancia por el juez Luis María Caterina.