Por Elisa Soldano
Una de las promesas de campaña del gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue enviar a la Legislatura de la provincia un proyecto para que el distrito adhiera a la ley de narcomenudeo. Sin embargo, diputados santafesinos cuestionaron la normativa y aseguraron que “llena a las cárceles de perejiles, no persigue a los narcotraficantes” y profundiza el vínculo entre la policía y las bandas delictivas.
La Ley de Desfederalización N° 26.052 –también llamada ley de narcomenudeo– fue sancionada en agosto de 2005 e introdujo cambios en la Ley de Estupefacientes (N° 23.737), incorporando –para los distritos que adhieran– la posibilidad de que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asuman la competencia penal de ciertos delitos vinculados a la venta y consumo de estupefacientes, que hasta entonces eran exclusivos del fuero federal.
En este sentido, el diputado del Frente Social y Popular (FSP), Carlos del Frade, presentó en la Cámara baja de la provincia un pedido de informe para saber si el Gobierno de Santa Fe analizó los resultados que esta ley tuvo en las ocho jurisdicciones argentinas que la aplicaron. Como adelanto, el legislador apuntó que la normativa “no tuvo incidencia en la disminución de los homicidios, como tampoco en el supuesto combate contra el lavado de dinero y activos”.
Para sostener su denuncia, en el documento que del Frade presentó en la Cámara de Diputados se publicaron la cantidad de homicidios dolosos, de causas por narcotráfico y de delitos contra el orden económico y financiero que los ocho distritos que adhirieron a la ley tramitaron en 2021 y 2022.
Ley de narcomenudeo: piden que el Gobierno de Santa Fe informe si se tuvo en cuenta las experiencias de otr… by Conclusión TV on Scribd
En diálogo con Conclusión, del Frade explicó qué significa que Santa Fe adhiera a la ley de narcomenudeo: “Todo lo que tiene que ver con la venta de estupefacientes, en lo que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) llama microtráfico, pasa a ser controlado por la provincia de Santa Fe”.
En este sentido, la diputada santafesina del bloque justicialista y profesora de Derecho Penal, Matilde Bruera, detalló ante este medio: “En los hechos, que Santa Fe adhiera a la ley de narcomenudeo significa que la justicia provincial se va a dedicar a perseguir todas las conductas menores de la Ley Federal del narcotráfico que están vinculadas al consumo. En principio, eso es inconstitucional, porque está establecido en la Constitución Nacional que le corresponde a la Justicia Federal”.
“El tráfico de estupefacientes está definido como una cadena, si uno la corta por la mitad y le da un pedazo a la Justicia Provincial y otro a la Justicia Federal, es la mejor forma de sostener la impunidad de todo tipo de acciones vinculadas al narcotráfico. Las conductas vinculadas al consumo no se deben perseguir, lo que falta en nuestra provincia son políticas de salud, educación y prevención”, evaluó la legisladora.
Y completó: “La Justicia Federal también persigue el narcomenudeo, con lo cual todo el mundo se va a dedicar a este delito y nadie va a controlar el tráfico de estupefacientes. Esto ya se aplicó en ocho provincias, y en todas fracasó rotundamente. Lo único que se ha hecho es encarcelar consumidores y abarrotar las cárceles de presos, donde prácticamente no hay narcotraficantes”.
Antecedentes poco promisorios
La ley de narcomenudeo se aprobó en el año 2005 y, desde entonces, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirieron a la normativa. Sin embargo, a entender de los diputados del Frade y Bruera, los números que registran estos distritos en materia de circulación de estupefacientes no demuestran que la legislación sea eficiente.
El legislador del Frente Social y Popular manifestó: “Adherir a esta legislación es repetir las experiencias que ya se han dado en ocho jurisdicciones de la Nación que la están aplicando, en donde hay más narcotráfico, violencia y lavado dinero. Lo único que cambia es que hay más traslado de causas federales a fueros provinciales, pero se han agregado cajas negras a las policías provinciales, con lo cual el desarrollo del narcotráfico se va a mantener exactamente igual al que tenemos hoy”.
Y agregó: “Se especula que, en la provincia de Santa Fe, con la ley de narcomenudeo, va a haber menos violencia. Pero cuando se analiza la situación de las jurisdicciones que adhirieron a la normativa, en base a indicadores del Ministerio de Seguridad de la Nación, se observa que el nivel de homicidios sigue siendo el mismo o incluso va creciendo, mientras que el número de causas por lavado de dinero vinculado al narcotráfico es ridículo, hay poquísimas investigaciones al respecto”.
En este sentido, dijo que “no ve trabajar mucho” a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que el Gobierno Nacional puso en funcionamiento en Rosario. “Los números que publica el propio Ministerio de Seguridad de la Nación sobre causas de lavado de dinero son ridículos, por eso me parece que no hay una decisión política de los partidos grandes de ir sobre este delito. Me pareció bien la decisión de abrir este organismo, pero no se le ven logros ni investigaciones”.
Por su parte, y al ser consultada sobre si la aplicación de la ley de narcomenudeo permitió en alguna oportunidad dar con los líderes del negocio narco, Bruera aseguró: “Jamás, por eso es una barbaridad. Si la provincia adhiere a la ley va a analizar sólo el narcomenudeo, porque no está habilitada para otra cosa, y a la Federal le va a ser más difícil investigar el narcotráfico a mayor escala porque se le corta la cadena de distribución y de consumo. El 90% de las causas, según la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), son de narcomenudeo, lo cual es un escándalo. Quiere decir que en este país lo que se hace es jugar para la tribuna para asegurarle la impunidad al narcotráfico”.
Recargar a una justicia que no da abasto
Tanto del Frade como Bruera coincidieron en que, si Santa Fe adhiere a la ley de narcomenudeo, se recargará de trabajo a los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que actualmente están colapsados de causas.
“Hoy el Ministerio Público de la Acusación está totalmente desbordado, y adherir a la ley generaría decenas de causas que debería atender la Justicia Federal, pero pasan al fuero provincial. Sería abarrotar aún más de trabajo a la gente del MPA”, consideró del Frade.
A su turno, Bruera observó: “No se contemplan más recursos para el Poder Judicial, entonces los fiscales, los jueces y defensores de la provincia de Santa Fe, que hoy están abarrotados con los homicidios, los delitos contra la propiedad y otros tipos de hechos violentos y ya no tienen estructura para hacer su trabajo, ¿cómo van a abordar un problema como el narcomenudeo? Es de una irracionalidad e irresponsabilidad muy grave”.
Además de la situación judicial, la aplicación de la ley también tendría un impacto en el sistema penitenciario santafesino, que ya se encuentran sobrepoblado. “Las cárceles se llenan de perejiles –advirtió del Frade–, de gente pobre. Nunca se persigue a los delincuentes de guante blanco, por eso hay más narcotráfico, tráfico de armas, subfacturación de exportaciones y cuevas de dinero. Esto es una jugada electoral, sólo sirve para desarrollar aún más las estructuras invictas del lavado de dinero y el reemplazo de gente pobre por otra gente pobre para trabajar para las bandas, que además son bancas narcopoliciales. A esa misma policía que integra las bandas, se le va a dar la posibilidad de, supuestamente, combatirlas”.
Consultado sobre si la adhesión a la ley contempla más control a la Policía santafesina, del Frade comentó: “Eso va a depender del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y del presupuesto provincial”.
“La policía santafesina siempre tuvo el manejo del tráfico de drogas, a menor y gran escala. Era muy difícil que la Federal entrara en la provincia. Con lo problemática que es la policía de Santa Fe y con los hechos de corrupción que han salido en las últimas condenas, creo que hay que hacer al revés, apartar a la policía de la provincia del manejo de todo lo que sea tráfico de drogas, que lo tiene que controlar otra fuerza”, destacó Bruera.
Y cerró: “Hay que perseguir el gran tráfico de droga y para el narcomenudeo hay que tomar políticas sociales, de educación, de prevención y de salud”. Por último, anticipó que acompañará el pedido de informe que del Frade presentó en la Legislatura para saber si el Ejecutivo de Santa Fe analizó el impacto que la ley de narcomenudeo tuvo en las jurisdicciones que la aplicaron.
