La Justicia Federal con asiento en Victoria, Entre Ríos, procesó a siete personas por el delito de incendio doloso y les impuso la prohibición de ingreso a la zona del Delta del Paraná durante un plazo de 90 días. Las penas van de 3 a 10 años de prisión.

La decisión fue tomada por el juez federal de la ciudad de Victoria, Federico Ángel Claudio Martín, que resolvió procesar a seis apicultores y a un puestero, que fueron detenidos «in fraganti».

A estas personas también se les trabó embargo de bienes y prohibición de ingresar a la zona donde se produjeron los incendios que derivaron en una invasión de humo en varias ciudades de la región.

Los seis apicultores y el puestero están acusados del delito de «incendio doloso, habiendo generado un peligro común para los bienes y/o personas indeterminadas», de acuerdo a lo previsto y reprimido en el artículo 186 del Código Penal, informó este miércoles el portal SumaPolítica.

En este caso, las detenciones fueron «in fraganti», y aun se esperan los resultados de movimientos judiciales asociados a datos catastrales y otras pericias que determinen responsabilidades en las quemas de pastizales en el Delta del Paraná.

Las siete personas terminaron detenidas en tres procedimientos distintos que se realizaron en agosto pasado en diferentes zonas de islas entre San Pedro y el área que está frente a Rosario.

El pasado 14 de agosto fueron detenidos los primeros tres apicultores en la zona del arroyo El Tigre, frente a San Pedro y en jurisdicción de Gualeguay. Los detectaron en un avistaje aéreo mientras estaban -según dijeron posteriormente- realizando un contrafuego para impedir el avance de las llamas que ellos -afirmaron- no habían ocasionado.

Al día siguiente, el grupo Albatros de Prefectura detuvo cerca de Victoria a un puestero que estaba a caballo y que fue interceptado tras constatarse que comenzó tres focos.

Posteriormente, el 23 de agosto, detuvieron a otros tres apicultores al costado del arroyo Los Laureles (isla El Holandés, departamento de Victoria). Los acusaron de iniciar el fuego en el arroyo El Tigre y argumentaron que tuvieron que efectuar un cortafuego para resguardar sus producciones.

Ahora, luego de años de investigaciones, denuncias y causas -que incluso en algún caso tienen a la Municipalidad de Rosario como querellante- recién procesan a estas siete personas. Aun restan varias pericias que podrían determinar responsabilidades mayores.