Los fiscales de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, brindaron este viernes una conferencia de prensa en la que informaron detalles de los últimos allanamientos realizados en el marco de la causa que investiga una red de juego clandestino, que ya tiene detenidos al exfiscal regional Patricio Serjal y su subalterno Gustavo Ponce Asahad. Por otra parte, los fiscales aseguraron que buscarán que se declare inconstitucional el artículo del Código Procesal que impide la imputación del senador Armando Traferri como «parte de la asociación ilícita».
Entre ayer y hoy se realizó un total de siete allanamientos en los que se buscó material documental que permita seguir la ruta del dinero del juego clandestino. El objetivo fue determinar cuál es el patrimonio de las personas allanadas e identificar si parte del mismo está relacionado a la actividad que se investiga.
«Se encontró muchísima documentación vinculada a las personas investigadas, que ahora vamos a tener que empezar a analizar para ponerla en contexto con el resto de la causa. Son personas que tenían algún contacto económico, queremos ver de qué manera se utilizaba el dinero y de dónde provenía, las transacciones comerciales y demás. El análisis apunta a ver cuál es la ruta de ese dinero que provenía del juego clandestino», explicó el fiscal Edery.
«Se realizaron cuatro allanamientos en le día de ayer y tres hoy -amplió-. En total fueron siete. Como son allanamientos donde se busca mucho documental el material es mucho y primero hay que analizar eso, para después ver si corresponde otra medida».
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Sobre el rol específico del empresario, ex piloto de automovilismo y ex concejal Oscar «Poppy» Larrauri, allanado ayer, Edery especificó que «tenía vínculos con (el capitalista del juego clandestino, imputado en la causa) Leonardo Peiti, comerciales y económicos» por lo que buscan determinar «en qué medida participaba o no en la organización» de juego clandestino.
Además de Larrauri, detalló el fiscal Schiappa Pietra, fueron allanadas unas «cuatro o cinco personas más», pero «todavía hay muchísimas cosas para definir en relación a la información que obtengamos y el tipo de evidencia» que se consiga al procesar la información recavada.
«Peiti tenía una parte de su economía que es ilícita. Incluso lo reconoce en sus declaraciones. Parte de esa economía ilícita era canalizada por distintas formas y eso es lo que estamos investigando ahora: qué niveles de participación pudieron haber tenido personas allegadas a él», detallaron.
Según informaron, el último diciembre hubo allanamientos de un tenor similar a los realizados ayer y este viernes y en unos estudios contables se encontró material que amplió el panorama de personas vinculadas a la investigación, que fueron las que finalmente fueron allanadas en las últimas horas. «Fuimos a buscar algunas cuestiones que vimos en aquellos allanamientos. Por eso decimos que generalmente esto se da de forma escalonada. Ahora hay que analizar la documentación», puntualizaron.
Privilegio inconstitucional
Al ser consultados por cómo continuará la causa que ya tiene detenidos a los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, los fiscales señalaron que la última acción que desarrollaron apunta a solicitar la declaración de inconstitucionalidad de los fueros que evitan la imputación del senador provincial Armando Traferri.
«Queremos poder imputar al senador Traferri, informarle de la imputación, investigarlo y acusarlo, pero hoy nuestra legislación, en una forma inaudita en comparación con el resto de la legislación argentina, impide que lo imputemos», resaltó Schiappa Pietra.
Y agregó: «Se pueden fijar en los medios nacionales que es moneda corriente ver como se imputa o se llama a indagatoria a un funcionario o un legislador en Buenos Aires. Nosotros acá no lo podemos hacer. Es una normativa muy a contramano de todos los compromisos que tiene la Argentina respecto a la investigación del delito; las causas de corrupción. Es inaudito».
El fiscal aseguró que el hecho de no poder imputarlo traba en gran medida el desarrollo de la causa porque hay medidas de investigación que no se pueden librar por el alcance de los fueros. Además remarcó que desde la función que ejercen junto con Edery, intentaron en todo momento evitar que se tenga que llegar a la declaración de inconstitucionalidad. «Primero lo invitamos a él a que decida que lo imputemos y se quite sus propios fueros, cosa que se puede hacer, hay ejemplos en muchos casos, y no quiso hacerlo», recordó Schiappa Pietra.
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«Luego -siguió- le pedimos a la Cámara de Senadores que haga lo propio y habilite que Traferri sea imputado, pero el cuerpo de abroqueló y rechazó el pedido. No nos dejaron hacerlo, así que lo que tenemos que hacer es pedirle a un juez que diga que declare esto inconstitucional para poder avanzar con esa imputación».
Los fiscales buscan que el senador Armando Traferri sea imputado por «sus vínculos en la organización de la asociación ilícita» y «negocios incompatibles con la función pública», a lo que podría sumarse «alguna situación de cohecho».
Para Edery y Schiappa Pietra, a pesar de las limitaciones que imponen los fueros, la evidencia es contundente, pero remarcaron que quien deberá definir tras analizar todos los elementos disponibles es un juez y no ellos. «Justamente, queremos que a todo esto lo analice un juez públicamente en una audiencia, que toda la prensa pueda venir y mirar cuáles son las pruebas que tenemos, no en esa reunión que hicimos en el Senado, en donde no se permitió ingresar a nadie. Queremos que todo se haga públicamente», expuso Schiappa Pietra.
