El diputado provincial Carlos del Frade presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo de la provincia informe los motivos por los que se designó como asesor del Ministerio de Educación a Daniel Corbellini, quien fue denunciado por recibir coimas a cambio de evitar que se investigue a la red de juego clandestino que comandaba Leonardo Peiti.
Los abogados del senador santafesino pidieron a la fiscal regional María Eugenia Iribarren que aparte a Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, a quienes acusan de armar una causa con fines políticos contra el legislador.
La Legislatura de Santa Fe, a pedido del propio Traferri, le quitó los fueros al senador. Fue señalado por Ponce Asahad como parte de una banda dedicada al juego clandestino.
El ex fiscal condenado por ser parte de una asociación ilícita, cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, reveló datos sobre el entramado del negocio ilegal “organizado por Traferri”. Además, mencionó el accionar de la vicegobernadora Rodenas, a quien acusó como mínimo de “obstaculizar el accionar de la justicia y abuso de poder”.
La Policía secuestró celulares, computadoras, naipes, varios maletines con fichas tipo póker, varios manteles tipo paño, cuatro DVR, mesa de pool y cartelería.
La abogada y diputada socialista Gisela Mahmud fue designada como acusadora en el proceso disciplinario contra la funcionaria judicial. Desde la Legislatura consideraron el accionar de la integrante del Ministerio Público de la Acusación como “una falta grave por mal desempeño”.
Así lo dispuso este lunes la jueza Luciana Prunotto, al considerar el tiempo que Leonardo Peiti lleva en prisión. El presunto empresario había sido condenado a tres años de prisión en diciembre, pero desde abril se encontraba internado en un centro de salud mental.
En el lugar se secuestraron 15 computadoras y dinero en efectivo. Además, tres personas quedaron detenidas.
Tras la presentación realizada por el legislador , en la cual solicitaba que se le informe si estaba vinculado a la investigación y ponía a disposición su desafuero, los fiscales le respondieron que "conforme la evidencia expuesta y la que ha tomado carácter público, no se encuentra sujeto a investigación por los suscriptos".
La presentación del legislador ataca el juicio abreviado, homologado por la magistrada, que condenó a Ponce Asahad, argumentando que la figura del arrepentido no puede aplicarse en Santa Fe y que además, en el mismo se aplicó un "fallido cálculo aritmético" que le permitió salir en libertad antes de lo correspondido. También aseguró que las multas que se le aplicaron son menores a lo exigido por la ley.
Jorge Barraguirre determinó que es admisible el pedido de los fiscales a la Corte para que se trate la inconstitucionalidad del artículo que impide que el senador sea imputado.
Se abrió una investigación para determinar como se filtró el preacuerdo de juicio abreviado en el que Leonardo Peiti asume su rol como líder de una asociación ilícita dedicada al juego ilegal y que se supone que implica a funcionarios políticos.