Juicio a Serjal: acusación de encubrimiento judicial por dinero y un teléfono de contenido “reservado”
Los fiscales pidieron 12 años de prisión para el ex fiscal Regional Patricio Serjal, al iniciarse este lunes el juicio oral. Está acusado por asociación ilícita y cohecho, en la misma causa que Peiti y Traferri.
En la primera audiencia del juicio oral que tiene como principal acusado al ex jefe de la Fiscalía Regional Rosario, Patricio Serjal, y a un colaborador llamado Nelson Ugolini, los fiscales Marsol Fabbro, José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato los acusaron como organizador y miembro, respectivamente, de una asociación ilícita que presuntamente provechó “cobertura judicial” al capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti a cambio de pagos en dólares. Es decir, cohecho pasivo. En la misma causa está imputado -aunque no llegó a juicio- el senador provincial por del Departamento San Lorenzo, Armando Ramón Traferri, también considerado organizador de una empresa criminal.
La investigación se inició en 2020 y en la misma causa ya fueron condenados en juicios abreviados el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad -como cómplice de la cobertura judicial- y el propio Peiti. En ambos casos se acogieron a la figura del arrepentido colaborador y señalaron a Serjal y a Traferri como las cabezas de la empresa criminal, algo que es cuestionado por los señalados. Eso les permitió ser condenado a penas bajas de cumplimiento condicional. Es decir, en libertad.
La defensa de Serjal, que llegó en libertad al juicio, planteó que desde la apertura del proceso en mayo de 2023 hasta el inicio del juicio este lunes hubo hechos novedosos que pretenden incorporar como prueba al debate oral, algo que es poco usual pero que está contemplado por el Código Procesal Penal de Santa Fe.
Teléfono caliente
Puntualmente, el abogado Renzo Biga pidió que se incorpore como prueba la extracción forense de los dos teléfonos secuestrados a Mariana Ortigala en 2023, una mujer que estuvo vinculada al capo narco Esteban Alvarado y que, tras ser baleada y quedar enfrentada junto a su hermano Rodrigo al jefe narco, apareció como parte de la banda de Los Monos que lidera Ariel “Guille” Cantero, a quien habría acudido en busca de protección por el histórico enfrentamiento entre ambas organizaciones criminales.
Además, Ortigala está imputada en una causa por presuntas extorsiones al dueño de una cadena de locales de lotería y por ser presunto testaferro de “Guille” Cantero en propiedades inmuebles que administraba junto a otra mujer.
A la vez, de la apertura de su teléfono surgió una presunta conexión con el fiscal Matías Edery, en calidad de supuesta “informante”, que fue denunciada penalmente por otros dos fiscales, Pablo Socca y Miguel Moreno. Eso derivó en una causa penal contra Edery por delitos de acción pública y fue corrido de la investigación contra Serjal, Traferri y Peiti. Ese cruce expuso un larvado enfrentamiento interno en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que cobró relevancia pública con esa disputa.
La defensa de Serjal quiere que se incorpore a este juicio la extracción forense de los teléfonos de Ortigala, en la convicción de que el fiscal Edery y su colega Luis Schiappa Pietra, que fueron quienes iniciaron la causa contra Peiti, Serjal, Ponce y Traferri -entre otros- “direccionaron” el testimonio del capo del juego clandestino hacia el ex fiscal Regional de Rosario. También pidieron las declaraciones testimoniales de varios fiscales ligados a la causa contra Edery y el procedimiento disciplinario en su contra, entre ellos Socca y Moreno.
Los abogados Biga e Ignancio Carbone, defensores de Serjal en el juicio, contaron este lunes que solicitaron en varias ocasiones la extracción de teléfono de Ortigala para incluirla en el juicio, pero les fue sistemáticamente rechazada por fiscales y jueces, la mayoría de las veces con el fundamento de que se trata de evidencia “en reserva”.
El tribunal del debate oral admitió las declaraciones testimoniales de los fiscales Moreno, Socca, y las de las fiscales santafesinas Bárbara Ilera y María Laura Urquiza, pero rechazaron la incorporación como prueba del teléfono de Ortigala, cuyo contenido continúa en “reserva”.
Acusación y penas
La fiscal Fabbro fue la encargada de leer la acusación contra Serjal y Ugolini. “Ambos integraron una organización delictiva junto a Armando Traferri, recientemente imputado, junto a Ponce Asahad, Leonardo Peiti, Maximiliano “Cachete Díaz” y Alejandro Torrisi”, señaló.
Díaz fue condenado por organizar el ataque a tiros al casino City Center en el que fue asesinado un apostador de fumaba en un balcón. Es un hombre ligado a “Guille” Cantero, con quien pergeñó el atentado. Torrisi es un ex comisario que participaba de la organización y que fue condenado en un juicio abreviado como parte de la empresa criminal.
Fabbro acusó a Serjal y Ugolini de “usufructuar el dinero ilícito de juego clandestino para lo cual no se contaba con autorización legal” y sostuvo que “la participación concreta de los acusados en esta empresa delictiva fue darle cobertura judicial al resto de los imputados”.
Para eso, agregó, “omitieron perseguir delitos y entregaron información reservadas para hacer fracasar investigaciones” que tenían como sospechoso a Leonardo Peiti. La fiscal enumeró algunos hechos como una reunión de Serjal con Traferri el 24 de abril de 2017, que para el MPA fue fundante de la asociación ilícita.
“El ex fiscal fue el organizador de la cobertura judicial en cuanto esa fue una de las finalidades, y el beneficiario era Leonardo Peiti, quien se dedicaba a explotar el juego ilegal a cargo de la recaudación y distribución del dinero”, sostuvo Fabbro, quien también detalló algunas conductas de Serjal, como un viaja a Buenos Aires donde se habría encontrado con Peiti en un hotel para decirle que tenía que aumentar los pagos que hacía mensualmente a cargo de la cobertura judicial.
Entre otros elementos, los fiscales ponderan datos que Ugolini le habría transmitido a Peiti sobre investigaciones en su contra y acerca de allanamientos, así como de que su línea telefónica estaba siendo intervenida, por lo que le sugirió que dejara de usarla.
Serjal también habría actuado para abortar una investigación contra Peiti en Melincué por juego clandestino, que llevaba adelante el fiscal Matías Merlo, entonces en la jurisdicción de Venado Tuerto, y actualmente a cargo de la Fiscalía Regional Rosario, el mismo cargo que tenía Serjal cuando fue destituido por la Legislatura en 2020.
Tras leer el alegato de inicio, la Fiscalía adelantó que pedirá una pena de 12 años de prisión para Serjal e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, además de una multa de $90.000, por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso ideal con cohecho pasivo agravado por falsedad ideológica de documento público, agravado a la vez por la condición de funcionario público. Ello en concurso real con los delitos de omisión de persecución y peculado de servicios.
Mientras que para Nelson Ugolini, solicitó la pena de 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos, por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo simple en carácter de partícipe primario.