Las empresas de medicina prepaga (EMP) pidieron formalmente este miércoles a la Justicia una medida cautelar que les permita aumentar las cuotas de su servicio en un 9,77%.

Por la presentación, que fue realizada ante el fuero en lo Contencioso Administrativo federal, se reclama que la autorización se conceda “en forma inmediata” y “sobre el valor actual de las cuotas” que perciben las EMP.

El documento, de una treintena de páginas, fue suscripto por 15 de las principales empresas de medicina prepaga quienes solicitaron una cautelar urgente, que autorice un aumento del 9,77%, que resulta de sumar estas variables:

-Un 3,59%, que es la diferencia entre lo autorizado por las sucesivas resoluciones (que totaliza 25,52%) y el 30% reconocido el informe técnico de octubre de 2020, elaborado por la Superintendencia de Seguros de Salud.

-Un 6,18% que es el mayor costo resultante de la negociación paritaria.

“Nuestro pedido pudo haber sido más ambicioso, pero lo hemos limitado para que su viabilidad o procedencia resulten indiscutibles”, sostiene el documento.

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La presentación fue realizada ante el fuero en lo Contencioso Administrativo federal y reclama que la autorización se conceda “en forma inmediata” y sobre el valor actual de las cuotas que perciben las EMP.

Entre las principales empresas de medicina prepaga que adhirieron a esta solicitud se encuentran Swiss Medical, OMINT, OSDE, GALENO, APRES S.A., Medicina Esencial, MET Córdoba, Medicus, Medife, Círculo Médico de Lomas de Zamora, Hospital Italiano, IMA, C.E.M.I.C., ACA Salud y Mutual Federada 25 de junio.

En ese sentido, las empresas explicaron que el pedido se basa sobre “los datos objetivos de un informe técnico de octubre de 2020, elaborado por la Superintendencia de Servicios de Salud y tenido en cuenta por el Ministerio de Salud en las resoluciones impugnadas en sede administrativa”.

Además, citaron una reciente resolución del Ministerio de Salud “que señala, en términos enérgicos, que es ‘necesario’ tomar una medida ‘de forma inmediata y sin dilación alguna’ para ‘dotar de recursos genuinos al sistema’ a los fines de permitir ‘obtener los mejores resultados como consecuencia de la negociación paritaria’”.

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La presentación alude a la situación generada por la pandemia: “Estamos hablando de un bien jurídico, pero en esta extrema situación tenemos tanto los prestadores de salud, como los prestadores de Justicia una obligación ineludible, salvar vidas”, alertaron.

“No existen pruritos formales o cuestiones especulativas que puedan demorar, dilatar o posponer soluciones. El sistema de salud está en llamas y requiere soluciones inmediatas que no sólo cumplan con la ley positiva sino que produzcan respuestas humanas, compatibles, aptas para que todos los convocados a la crisis dispongan cuanto menos del consuelo de haber hecho todo lo que estaba al alcance”, añadieron.

“Debemos contribuir a que se mueran menos personas, a evitar que familias completas queden diezmadas y niños expuestos a adversidades que no son propias de la vida sino que se ven determinadas por luchas políticas intestinas, revanchismos, cuando no corrupción o cálculo electoral”, concluyó el documento.