Este miércoles a las 10 se presentará en los Tribunales Federales de la ciudad de Rosario (con sede en calle Entre Ríos 435) un recurso de amparo para declarar inconstitucionales los Decretos 256/2015 y 257/2015, por medio de los cuales el presidente Mauricio Macri transfirió las escuchas del Ministerio Público al ámbito de la Corte Suprema y suspender la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación. El escrito, está firmado por el concejal Eduardo Toniolli y la diputada nacional Lucila De Ponti, ambos del Movimiento Evita – FPV.
Tribunales Federales de Entre Ríos 435
El Decreto 256/2015 transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación del Ministerio Público a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; mientras que el Decreto 257/2015 suspende la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación aprobado por Ley 27.063, prevista para el 1° de marzo de 2016.
La presentación judicial detalla como los Decretos 256/2015 y 257/2015, “constituyen una clara afrenta a la División de Poderes” ya que la Constitución Nacional “veda al Poder Ejecutivo la posibilidad de dictar DNU que regulen materia penal”, y también se explicita que si el objeto del contenido de los Decretos son considerados inmediatos, se debe llamar a sesiones extraordinarias y no “pisotear la Constitución” sostuvieron, De Ponti y Toniolli..
El traspaso de la tarea de interceptaciones telefónicas a la Corte Suprema de Justicia es un reclamo que la actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el ex presidente cautelar Federico Pinedo, presentaron como proyecto de ley en el año 2010, cuando aún era la Dirección de Observaciones Judiciales (conocida como OJ) dependiente de la extinta Secretaría de Inteligencia. Con la sanción de la ley 27.126, que creó la Agencia Federal de Inteligencia, la OJ fue transferida a la Procuración General de la Nación del Ministerio Público, tal como lo estableció el artículo 24 de la normativa, junto con los bienes, activos y patrimonios afectados a la OJ.
En su momento, la Corte Suprema de Justicia decidió postergar hasta el 15 de febrero la transferencia del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones, de la órbita del Ministerio Público Fiscal a la del máximo tribunal, tras considerar que «no es posible» hacerlo «de inmediato» por la cantidad «medios humanos y materiales» que involucra, pero no rechazó tomar esa función.
Foto: Salvador Hamoui
