El recurso judicial fue presentado el pasado viernes y recientemente se informó que el Juzgado Federal Nº2 de Rosario será el encargado de analizar la solicitud.
Los pueblos Quom, Coya y Mocoví elaboraron un documento que será presentado frente a la Justicia para manifestar su rechazo contra la Ley 26.737 de Tierras Rurales. "Este proyecto busca expulsarnos de nuestras tierras", manifestaron.
El amparo se suma a decenas de presentaciones sindicales y tiene por objeto garantizar en todo el país el éxito de una movilización obrera y popular.
Los jueces de feria Sergio Fernández y Carlos Grecco rechazaron el pedido del Poder Ejecutivo, que pretendía que la causa tramitara como proceso colectivo para evitar la dispersión de presentaciones contra el DNU.
El capítulo que objeta la principal representación sindical de los asalariados de la Argentina contempla, entre otras cosas, la ampliación del período de prueba hasta los ocho meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.
Una jueza dio cause a una cautelar presentada por el sector de los productores, en vista de que el decreto suspende las garantías que apuntaban a un equilibrio entre las empresas yerbateras y las cooperativas productoras. Ahora depende del fallo de la justicia federal.
El mega decreto anuló la norma que limitaba el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector. Pero Ex Combatientes de Malvinas presentaron un amparo.
"Venimos a interponer formal recurso de apelación contra la sentencia de fecha 4/1/2024 que fue notificada a esta parte en igual fecha, por causar agravio irreparable al Estado Nacional", indica la apelación presentada por los abogados de la gestión presidencial, dirigidos por el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra.
El motivo de esta acción judicial radica en la falta de respuesta por parte del organismo nacional ante la solicitud realizada por el jefe comunal de Esteban Echeverría el pasado 22 de diciembre.
En el documento, que lleva la firma de la Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Eliana Beatriz Ratta Rivas, la magistrada expresa que "de modo excepcional y en virtud de las circunstancias propias del presente caso, sin que ello genere precedente alguno, estimo prudente y adecuado disponer la habilitación de la feria judicial extraordinaria".
El abogado Andrés Gil Domínguez reclamó el dictado de una medida cautelar, que suspenda sus efectos hasta que haya sentencia definitiva, declarando la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del DNU.
La presentación había sido realizada el jueves por el Observatorio del Derecho, junto al secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; el presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano y el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.