Ruta del dinero K: la Corte dejó firmes las condenas a Lázaro Báez y otros implicados en la causa
El máximo tribunal rechazó los recursos de las defensas y confirmó las penas por lavado de más de 55 millones de dólares. Báez y otros condenados deberán pagar multas millonarias y enfrentar el decomiso de bienes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra Lázaro Báez y una veintena de implicados en la causa conocida como la «ruta del dinero K», al declarar inadmisibles los recursos presentados por las defensas. Con este fallo, se torna definitiva la sentencia que impuso diez años de prisión al empresario por maniobras de lavado de dinero entre 2010 y 2013, que involucraron una compleja red de sociedades y movimientos financieros tanto en Argentina como en el exterior. Además de las penas de prisión, la Justicia ratificó multas por hasta 328 millones de dólares y el decomiso de activos por otros 65 millones.
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar planteos sin necesidad de fundamentarlos. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al entender que correspondía la intervención de la Procuración General.
El fallo también ratificó las condenas de otros imputados como Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín (seis años cada uno), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros. En total, fueron 22 personas condenadas, aunque las hijas de Báez resultaron absueltas por falta de prueba de su participación en los hechos.
El Tribunal Oral Federal 4, que juzgó la causa entre 2018 y 2021, deberá ahora computar las penas efectivamente cumplidas y decidir sobre arrestos pendientes o penas en suspenso. Además, se ratificaron multas multimillonarias de hasta U$D 328 millones y el decomiso de activos por 65 millones de dólares.
La investigación se inició en 2013 a raíz de un informe periodístico televisivo, y se consolidó en 2016 con la difusión del video que mostraba la operatoria en la financiera SGI, conocida como «La Rosadita».
La Justicia determinó que las maniobras de lavado estaban precedidas por evasión fiscal y uso de facturas apócrifas, vinculadas al manejo de Austral Construcciones, firma insignia del empresario ligado al kirchnerismo. Por su parte, la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta causa sigue en etapa de instrucción.
Aunque el juez Sebastián Casanello había dictado su sobreseimiento, la Cámara Federal lo revocó tras aceptar como querellante a una ONG. La Corte también desestimó los recursos presentados por su defensa por cuestiones formales. Con esta decisión, la causa «ruta del dinero K» se convierte en uno de los expedientes judiciales por corrupción más avanzados de los últimos años, con condenas firmes y decomisos históricos.