Organizaciones sociales y de derechos humanos de Rosario se manifestaron este jueves en contra de la “suspensión” del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad de la causa “Feced III” que iba a comenzar el miércoles.
El martes pasado se informó oficialmente su “suspensión” debido a que uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 2, Carlos Villafuerte Ruzo planteó la imposibilidad de asistir a las audiencias en Rosario por encontrarse a cargo de dos juzgados en la ciudad bonaerense de San Nicolás.
Lo extraño es que en ese mismo momento se dio a conocer el despido injustificado del abogado rosarino Santiago Bereciartúa, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, medida con la que se deja sin representación a la querella en el juicio.
“Es una desprolijidad. Se tenía que haber hecho de otra forma. Acá se descuidaron a las víctimas. Ya estaba previsto en su momento para principio de este año y se suspendió también, esto ya es un manoseo terrible”, indicó Bereciartúa, quien adelantó que “antes de la feria no habrá una nueva fecha”.
El letrado que fue separado de la causa sin motivo, agregó que su interés es “seguir sumando y poder aportar a la causa. Si hay voluntad esto se soluciona. Ese es el principal objetivo de esta lucha”.
A través de un comunicado, las organizaciones de Derechos Humanos definieron al acto de suspensión, “como una constante provocación del gobierno nacional contra el desarrollo de los juicios por crímenes de lesa humanidad”.
Sostienen que “la conformación del Tribunal se conoce hace tres meses, luego de una primera postergación-el 16 de marzo pasado- y a dos días de comenzar el juicio se conoce que uno de sus miembros elevó una presentación que frena el comienzo del juicio”.
Por su parte, la abogada de H.I.J.O.S., Nadia Schujman, lamentó la nueva postergación que sufrió el inicio del emplemático juicio. «Una vez más sostendremos esta nueva injusticia para las víctimas. Hay que preparar la cabeza y el corazón para seguir con la lucha», puntualizó.
Schujman, dio detalles sobre la escandalosa decisión, y enfatizó que «Villafuerte Ruzo, otra vez, es protagonista de una maniobra que dilata los juicios».
En la causa “Feced III” hay trece acusados, un sacerdote católico que fue capellán de la Policía de Rosario y doce integrantes retirados de la fuerza de seguridad.
Están acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura contra 155 víctimas del terrorismo de estado, que pasaron por el centro clandestino de detención, “El Pozo” que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario hasta fines de 1978.
El Tribunal estaba integrado los jueces Lilia Graciela Carnero (Entre Ríos), Francisco Miño (Santa Fe) y Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás) quien interpuso un recurso y será la Cámara de Casación la que deberá decidir el planteo y de aceptarlo deberá nombrar otro miembro.
