Leonardo Peiti, condenado a tres años de prisión por integrar una red de juego clandestino, obtuvo este lunes la libertad condicional, aunque deberá cumplir con ciertas obligaciones y respectar algunas restricciones, como no acercarse a otros implicados en la causa. Hasta el momento, estaba internado en un centro de salud mental.
Peiti fue condenado el pasado 2 de diciembre en un juicio abreviado, cuando se determinó sobre él una pena de seis años de presión, que se redujeron a tres por haberse acogido a la figura de “imputado colaborador”, al brindar información útil para la causa. En la investigación por una red de juego clandestino están involucrados tres funcionarios judiciales de Rosario: el ex fiscal regional Patricio Serjal; el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien fue condenado a tres años de prisión; y el secretario Nelson Ugolini.
El 31 de marzo del año pasado, se había dispuesto la prisión preventiva para el empresario, pero a fines de abril fue internado en un centro de salud mental y ahora continuará con el tratamiento de forma ambulatoria, en su casa ubicada en Fisherton.
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Sin embargo, en una audiencia que se llevó adelante este lunes, de forma virtual, el abogado defensor de Peiti, Ángelo Rosini, solicitó que su cliente sea incorporado al régimen de libertad condicional.
Como el fiscal que investigó el caso, Matías Edery, no presentó objeciones al pedido, y después de escuchar a todas las partes, incluido Peiti, la jueza Luciana Prunotto le otorgó la libertad condicional por el tiempo que lleva en prisión cumpliendo la condena, pero con algunas condiciones.
Así, Peiti tiene prohibido salir del país y no podrá acercarse a otras personas que estén imputadas en la causa, como son Serjal, Ponce Asahad y Ugolini, entre otros.
Dos meses atrás, Peiti fue condenado por manejar una asociación ilícita de juego clandestino en distintos sitios de la provincia, pagar sobornos para garantizar la actividad y lavar dinero procedente de ello. Además, se le impuso una multa que superó los 42 millones de pesos y se ordenó el decomiso de un inmueble y un vehículo.
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Esta pena corresponde a tres causas que tuvieron lugar en las jurisdicciones de Rafaela, Melincué y Rosario, por lo cual en la audiencia en la que se condenó a Peiti -la cual fue presidida por el juez Rafael Coria- estuvieron presentes los fiscales Gabriela Lema y Guillermo Loyola, de Rafaela, Matías Merlo, de Melincué y Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de Rosario.
Sin embargo, la condena del empresario se redujo de seis a tres años ya que entró en el papel de “imputado colaborador”: en sus declaraciones reconoció haber pagado altas sumas de dinero a figuras políticas, policiales y judiciales a cambio de proteger el negocio. Así, nombres como Serjal, Ponce Asahad e incluso el del senador santafesino por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, quedaron involucrados en esta asociación ilícita.
Al finalizar el juicio en diciembre pasado, los fiscales remarcaron que todo lo declarado por Peiti -como comunicaciones telefónicas y reuniones entre los imputados- se pudo comprobar gracias a los datos aportados por las antenas de los teléfonos celulares.
Entre las confesiones más trascendentes que realizó el empresario, figura el hecho de haberle pagado 250.000 dólares a diferentes políticos, o a sus colaboradores cercanos, a fin de que hicieran lobby para que el gobierno provincial lo habilitara como concesionario del juego legal en la provincia.
