Luego de una ardua investigación, que aún prosigue, finalmente, se realizó la audiencia imputativa a la pareja acusada de haber matado a María Isabel Ruglio, la mujer que fue descuartizada y arrojada por partes al arroyo Saladillo.
Después de una larga audiencia, el juez de primera instancia Florentino Malaponte dictó la prisión preventiva para Josefa R. y Marcelo F. por el delito de homicidio calificado por codicia en calidad de coautores
El fiscal Adrián Spelta imputó a los acusados a partir de una abundante evidencia, particularmente hallada en el allanamiento dela vivienda ubicada en Uriburu al 500, casa que compartía la víctima con los imputados.
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Entre otras medidas investigativas, se aplicó luminol (producto que se arroja sobre superficies lavadas, se enciende una luz que muestra fluidos o sustancias en descomposición) en el interior de una pileta abandonada en el fondo de la vivienda y el desague de la misma, y dio resultado positivo. También se encontraron elementos de corte que dieron reactivo, por lo que próximamente se sacará perfil genético para determinar si coincide con el de la víctima.
Spelta expuso que, durante el allanamiento realizado en la vivienda, las pruebas realizadas con esa sustancia revelaron gran cantidad de rastros en distintos lugares de la propiedad, y remarcó que uno de los perros utilizados para rastrear restos humanos tuvo una inmediata reacción cuando se acercó a una pileta de material que se encuentra en el fondo de la casa. Allí, y en el desagüe fueron encontrados también rastros humanos en descomposición.
A su vez, en el domicilio se encontraron bolsas de residuos coincidentes en tamaño con las que contenían los restos humanos hallados.
La propiedad: el móvil
La pareja había sido invitada por la dueña para vivir con ella, con la posibilidad de comprarla en un futuro. El fiscal relató que la mujer habría cambiado de parecer y le habría manifestado la negativa de venderles el inmueble y expulsarlos de la vivienda. Ese sería el móvil del homicidio. «El objetivo era quedarse con la propiedad«, remarcó el fiscal Adrián Spelta.
Ambos vivían en la parte trasera de la propiedad con ella desde hacia poco más de un año y medio, y el acuerdo era que se podían quedar allí a cambio del cuidarla y ocuparse del lugar. Además, había una promesa de venta de la propiedad por un valor menor al verdadero.
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Si embargo, según se expuso en la audiencia, esa relación se habría roto en algún momento y Marisa les había dicho que no les vendería la propiedad y que quería que se fueran de allí.
Además, comentó que los imputados “se habían instalado en la vivienda tras el crimen” y que “apenas llegamos el cuarto de Marisa estaba revuelto”.
“El rol de cada uno tuvo una función distinta pero tuvieron una planificación para quitarle la vida a la mujer”, afirmó Spelta.
Con respecto a la declaración de los imputados, para el fiscal hubo «innumerables contradicciones«. «Dice que hicieron una denuncia el día 15 porque ese mismo día se iban a encontrar, pero supuestamente se presentaron esa misma tarde, sin siquiera esperar».
«Testificaron que no se la tomaron por no ser familiares directos. El 21 fueron de nuevo y se la tomaron. Fue cuando los vecinos y familiares empezaron a preguntar», agregó el funcionario judicial.
Interés por la cámara
En un comercio lindero a la vivienda exista una cámara de seguridad. Según cuenta el fiscal, al percatarse de esto, la imputada, tras el crimen habría ido hacia el negocio para averiguar si el dispositivo funcionaba obteniendo una negativa como respuesta. «La primera interesada por la cámara fue la imputada«, dijo Spelta.
