El juez federal Sebastián Casanello procesó a empresarios y ex funcionarios por supuestas irregularidades en la construcción de dos centrales termoeléctricas, por las cuales el Estado Nacional pagó 792 millones de pesos.
Se trata de Juan Carlos de Goycochea, de la empresa Isolux; Héctor Sánchez Caballero, ex de la empresa IECSA (propiedad de la familia Macri hasta 2017); y del ex director de ENARSA Exequiel Espinosa, por la licitación de las centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López, bajo presunto fraude a la administración pública.
Según dio por acreditado el juez, ENARSA pagó en forma irregular a la UTE Isolux-IECSA para la Central Ensenada de Barragán las siguientes sumas: «$367.965.234,65 (adenda 3), $89.686.573,07 (adenda 4) y 223.499.987,07 (adenda 5). Y para la Central Brigadier López pagó en forma irregular la suma de $111.5000.000 (adenda 4). La suma de esos montos arroja un total, a octubre de 2011, de $792.651.795,48».
Los funcionarios procesados que estuvieron al frente de ENARSA entre 2003 y 2013, fueron Espinosa y el ex gerente Santiago Pierro, responsable del proyecto.
En cuanto a los empresarios de ambas firmas, quedaron bajo investigación De Goycochea y Sánchez Caballero, quienes también eran investigados en la causa de los cuadernos que aportó el chofer Oscar Centeno por el presunto pago de sobornos para acceder a licitaciones en obra pública durante el kirchnerismo.
Más allá de los precios pagados, el juez Casanello consideró que que «el procedimiento de contratación estuvo caracterizado por evidentes vinculaciones entre las oferentes y numerosas prórrogas de los plazos».
«Mediante el actuar coordinado de los imputados, esas circunstancias supusieron para las empresas privadas un beneficio ilícito, que se traduce en la obtención de los contratos y en los provechos que implicaron las adendas a los contratos», agregó el magistrado.
La lista de empresarios procesados alcanzó también a Santiago Altieri, Alejandra Kademian y Osvaldo Macías, que integraron la UTE que construyó las obras.
