Este miércoles finalizó la audiencia de medidas cautelares, que había comenzado el martes, de la causa que investiga al exministro de Seguridad Marcelo Saín y otros exfuncionarios que lo acompañaron en su gestión por presunto espionaje ilegal. El juez Martín Torres negó el pedido de prisión preventiva para Sain pero determinó el cumplimiento de varias medidas alternativas, entre ellas, la prohibición de salir del país y de portar armas de cualquier tipo.
Tras el cuarto intermedio dispuesto por el juez Torres, y las exposiciones de defensas y querellantes, el magistrado resolvió rechazar los pedidos de prisión preventiva para el exministro, para Germán Montenegro, que se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y para Agustina Moulins, exasesora del Organismo de Investigaciones.
Sin embargo, dictaminó una serie de medidas alternativas pasa Sain y Montenegro, como la prohibición de tener contactos con víctimas y testigos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación (MPA). También deberán fijar domicilio, someterse al cuidado de una persona y pagar una caución económica. También se les prohibió protar armas y salir del país. En el caso de Moulins, esas medidas están atenuadas, si podrá viajar al exterior presentando pasajes de ida y vuelta.
Por su parte, el fiscal Ezequiel Hernández se mostró conforme con las decisiones de juez, ya que consideró que el magistrado dio por acreditados –con el grado de probabilidad exigido en esta instancia del proceso– los hechos ilícitos planteados por la Fiscalía”. “Cuando el juez informe los fundamentos de su decisión sabremos si receptó la teoría del caso de la Fiscalía, o si no lo hizo”, aclaró el fiscal. “No obstante, lo que ya sí sabemos y tenemos certeza es que el magistrado también considera que hay elementos serios y verosímiles acerca de la probable autoría de delitos por parte de estos tres imputados”, afirmó el fiscal.
Competencia
Finalizada la audiencia de medidas cautelares, se realizó otra audiencia en la que se debatió acerca de los pedidos formulados por las Defensas de los imputados para que la investigación pase al fuero federal.
“Planteamos nuestro convencimiento acerca de que la competencia es provincial”, afirmó el fiscal Hernández. En tal sentido, agregó que “una de las Querellas aportó un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que, ante un caso casi idéntico al que estamos investigando, el máximo tribunal de justicia del país resolvió que la competencia es provincial”.
El juez Jorge Patrizi estuvo a cargo de esta audiencia e informó que dará a conocer su decisión por escrito en el plazo de ley.
