A 11 años del Ni Una Menos: 3.205 mujeres asesinadas por la violencia de género y un Estado que se retira

Desde aquella histórica jornada del 3 de junio de 2015, el grito de «Ni Una Menos» transformó la agenda política argentina. Sin embargo, a once años de esa movilización, las cifras de la violencia letal no ceden. Según el Registro Nacional de Femicidios y Transfemicidios elaborado por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” en colaboración con la Universidad Nacional del Delta (UNDelta), entre junio de 2015 y mayo de 2026 se registraron 3.205 víctimas letales por motivos de género.

Este universo de crueldad se desglosa en 3.144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios, y 15 instigaciones al suicidio. La frecuencia estadística es estremecedora: en Argentina, cada 31 horas una mujer es asesinada por el hecho de serlo.

El relevamiento desmitifica la idea del peligro en la «calle oscura». Los datos son contundentes: el 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo de la víctima (pareja, ex pareja, familiar o conocido). En el mismo sentido, el 63% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima o en el hogar compartido con el agresor.

“El lugar más peligroso para las mujeres es su propio hogar”, señala el informe, advirtiendo que la falta de autonomía económica —agravada por la crisis actual— impide muchas veces que las víctimas puedan abandonar el ciclo de violencia al no contar con recursos para acceder a otra vivienda.

La justicia que llega tarde

Uno de los puntos más críticos del informe es el fracaso del sistema judicial. Del total de víctimas, apenas el 17% había realizado una denuncia previa y solo el 10% contaba con medidas de protección judicial. Los casos de Leonor Godoy y Jessica Mercado, quienes denunciaron reiteradamente y terminaron asesinadas por agresores que violaban restricciones vigentes, ilustran la desidia de una justicia calificada como «patriarcal» y carente de mirada interseccional.

Además, el informe pone el foco en la peligrosidad de los agresores que integran las fuerzas represivas. Desde 2020 se registraron 104 femicidas pertenecientes a fuerzas de seguridad y militares (90 policías y 14 militares), quienes en su mayoría utilizaron su arma reglamentaria para cometer el crimen.

El impacto en las infancias y nuevas modalidades La violencia machista deja cicatrices generacionales: en estos 11 años, 2.714 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos. Muchos de ellos fueron víctimas directas de la llamada violencia vicaria, donde el agresor asesina a los hijos para causar un dolor irreparable a la madre.

El Observatorio también incorporó nuevas variables de análisis para dar cuenta de la complejidad actual de la violencia, registrando femicidios en contextos de narcocriminalidad (donde los cuerpos se usan como mensaje disciplinador) y los efectos letales de la violencia digital y el acoso virtual.

Un Estado en retirada

El informe no ahorra críticas hacia la gestión de Javier Milei. Se denuncia un escenario de «retroceso alarmante» producto del cierre del Ministerio de las Mujeres, el desfinanciamiento del Programa Acompañar y el incumplimiento de la Ley Micaela.

“Asistimos a la consolidación de un Estado Feminicida, responsable por acción u omisión”, sostiene el documento, vinculando el incremento de la violencia con los discursos oficiales que «niegan, banalizan y promueven el odio» hacia las identidades feminizadas. El ajuste económico, aseguran, también es una forma de violencia que empuja a mujeres y disidencias a la precarización y la exclusión extrema.

A once años de aquel primer grito masivo, el movimiento feminista reafirma que la resistencia continúa frente a un modelo que pone en riesgo las conquistas históricas. Como señala el informe: «A la crueldad y al odio respondemos con más organización. Porque vivas, libres y desendeudadas nos queremos».

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