Desde Abuelas de Plaza de Mayo, existe “profunda preocupación” por el proceder de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en áreas sensibles del Ministerio que ella preside, que apunta al “vaciamiento” de sectores relacionados a “la restitución de los nietos” y al “sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos”, expresan desde la organización.

En particular, “la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (Geaj), creado a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de nuestros nietos y nietas”, dice el comunicado publicado ayer en la página oficial.

Según reclaman desde la organización, a partir de la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad, pudieron constatar “la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente” de la cartera.

“Esta área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009”, continúa la publicación.

Según resaltan, la delicada tarea de toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a los nietos, hijos de desaparecidos, “no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible la restituciones”.

Vale recordar que a fines de 2014 fue condenado el Oficial de Policía, Adolfo Porcel, por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado.

A raíz de esto es que se fomentó la creación del Grupo Especializado “para colaborar con la Justicia en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad a cargo de civiles comprometidos con la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Por ende, denuncia Abuelas, “las decisiones tomadas en la órbita del Ministerio de Seguridad implican un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente”.

Por tal razón, “las Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la ministra Bullrich. De lo contrario, denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009”, concluye el comunicado.