Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera en Malvinas: “Lo que está en juego no puede ser restituido”
La delegación argentina solicitó medidas provisionales para suspender el proyecto británico Sea Lion. Denunció que la explotación unilateral de hidrocarburos viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las resoluciones de la ONU, y advirtió sobre los riesgos ambientales y la irreversibilidad de la extracción.
La Argentina reclamó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) la suspensión urgente del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en las Islas Malvinas, al considerar que la explotación de hidrocarburos en un territorio cuya soberanía permanece en disputa constituye una acción unilateral que agrava el conflicto. Durante la primera jornada de audiencias, realizada en Hamburgo, el representante argentino Mario Oyarzábal advirtió que los recursos extraídos no pueden recuperarse y que una eventual indemnización económica no alcanzaría para reparar el daño.
La delegación nacional, encabezada por el embajador y director general de la Consejería Legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, expuso ante los 21 jueces del organismo los fundamentos jurídicos para solicitar medidas provisionales contra el Reino Unido mientras continúa el arbitraje internacional.
El planteo argentino sostiene que Londres autorizó unilateralmente la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental que rodea a las Islas Malvinas, un territorio sujeto a una disputa de soberanía cuya descolonización permanece pendiente.
Durante su exposición, Oyarzábal remarcó que la solicitud cautelar no busca que el Tribunal resuelva la cuestión de fondo sobre la soberanía, sino que impida que se produzcan daños irreparables mientras se desarrolla el proceso internacional.
“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, sostuvo el diplomático. También advirtió que la perforación modifica de manera permanente el lecho y el subsuelo marino, por lo que ninguna compensación posterior podría restablecer la situación original.
La argumentación jurídica argentina se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y en las resoluciones 2065 (1965) y 31/49 (1976) de la Asamblea General de la ONU, que instan a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe abierto el diferendo.
En respuesta al argumento británico sobre la autodeterminación de los habitantes del archipiélago, Oyarzábal afirmó que los isleños no pueden apropiarse de los recursos de una plataforma continental cuya soberanía se encuentra en disputa. Aclaró, además, que el reconocimiento de sus intereses y derechos humanos no implica otorgarles la potestad de decidir a qué Estado pertenece el territorio.
El proyecto Sea Lion es desarrollado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Contempla un período de explotación de aproximadamente 35 años y la posibilidad de perforar hasta 23 pozos de producción, con nuevas etapas de desarrollo.
Según expuso la representación argentina, las autoridades británicas habían anunciado el inicio de las perforaciones para principios de 2027, aunque posteriormente modificaron el cronograma y fijaron como nueva fecha el 21 de marzo de ese año.
A esto se sumó la prórroga por cinco años de las licencias de producción de hidrocarburos y la negativa británica a adoptar las medidas provisionales reclamadas por la Argentina. Para la delegación nacional, estas decisiones profundizan la controversia y aumentan el riesgo de que el proyecto avance antes de que exista una resolución judicial.
Oyarzábal advirtió que, si los trabajos preparatorios comienzan según los plazos previstos, el tribunal arbitral podría quedar imposibilitado de brindar una protección efectiva a los derechos argentinos.
Otro de los puntos centrales de la presentación fue el riesgo ambiental asociado a las perforaciones petroleras. La delegación argentina recordó el antecedente de abril de 2015, cuando se produjo una falla en un preventor de reventones durante un pozo exploratorio en la zona.
Además, presentó información de los propios planes de contingencia de las empresas licenciatarias, que estiman hasta un 30% de probabilidad de que un derrame o reventón en Sea Lion alcance aguas continentales argentinas no disputadas en un plazo de 30 días.
“En caso de reventón o de derrame, sería la Argentina quien soportaría sus consecuencias y quien estaría llamada a responder, no un Estado situado a 12.700 kilómetros de distancia”, señaló Oyarzábal ante los magistrados.
La representación nacional también expuso documentos oficiales británicos vinculados con la intención de utilizar los ingresos fiscales derivados de la explotación petrolera para financiar y compensar los gastos de la base militar instalada en las islas.
El equipo argentino que participa de las audiencias está integrado por funcionarios de la Cancillería, representantes del Gobierno y especialistas en derecho internacional. Entre ellos se encuentran María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, en calidad de coagente; el subprocurador del Tesoro, Santiago Castro Videla; y los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, junto con el asesor jurídico Agustín Giustiniani.
Tras la presentación argentina, fue el turno de la representación del Reino Unido, que expuso sus argumentos frente al reclamo nacional. Este miércoles se desarrolla la segunda y última jornada de exposiciones de ambas partes.
La decisión del Tribunal sobre las medidas provisionales será clave para determinar si se puede frenar el avance del proyecto petrolero mientras continúa el proceso arbitral. Para la Argentina, el objetivo inmediato es evitar que la explotación de recursos naturales en un territorio en disputa produzca consecuencias irreversibles antes de que se resuelva la controversia internacional.