La Justicia Federal rechazó este viernes las recusaciones planteadas contra dos de los magistrados que integran el tribunal e intervendrán del juicio oral y público por el intento de asesinato del que fue víctima la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las objeciones habían sido presentadas por la defensa de Gabriel Carrizo, supuesto jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como «Los Copitos», contra los jueces Adrián Grünberg y Sabrina Namer, a los que, indirectamente, les achacaba afinidad ideológica con la exmandataria.

Las recusaciones fueron rechazadas por el Tribunal Oral Federal 6, que para esta ocasión debió completarse con los jueces Daniel Obligado y Javier Ríos, quienes se sumaron a Ignacio Fornari, que ya integraba el tribunal con los jueces recusados.

Los magistrados resolvieron «rechazar las recusaciones formuladas por la asistencia técnica particular del imputado Gabriel Nicolás Carrizo en las presentaciones obrantes a fojas 1 y 2 de esta incidencia, respecto de la Dra. Sabrina Namer y del Dr. Adrián Grünberg, con costas».

«La invocación de la sospecha de parcialidad del juez o jueces de la causa, no puede reducirse a meras afirmaciones arbitrarias y carentes de pruebas que respalden su configuración. Tal y como exige lo normado por el artículo 59 del ritual, advertimos que los escritos de la defensa solo contienen una fundamentación meramente aparente que no satisface las exigencias legales del caso», señalaron los jueces.

«El mecanismo de recusación de los jueces no puede convertirse en una herramienta para variar el magistrado que deba intervenir, debiendo interpretarse armónicamente la garantía de ‘juez imparcial’ con la del ‘juez natural’», remarcaron.

«Ninguna de las circunstancias que se enumeran para justificar tales invocaciones revelan ni configuran una plataforma fáctica que permita advertir algún tipo de afectación a la imparcialidad de los magistrados o demostrar que guardan algún interés respecto de la situación procesal de la querellante en las presentes actuaciones, en el marco de las cuales les corresponde decidir en su calidad de jueces naturales del proceso», enfatizaron los jueces.

Uno de los motivos que había esgrimido la defensa de Carrizo se sustentaban en la supuesta pertenencia de ambos a la agrupación Justicia Legítima, a lo que el juez Grünberg respondió que dejó de formar parte «en enero de 2019» y recordó que esa entidad tiene «como propósitos principales promover un sistema de justicia más plural e independiente, tanto de los otros poderes del Estado como de los poderes fácticos, así como fomentar la transparencia en los procesos y las decisiones de los jueces».

Namer, por su parte, respondió que nunca integró Justicia Legítima pero sí otras organizaciones del Poder Judicial como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN), la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), la Asociación de Jueces de Tribunales Orales Federales (JUTOF) y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA).

«Soy una jueza legítima, pero nunca integré la agrupación Justicia Legítima. Empero, si lo hubiera hecho, como tantos colegas a los que respeto, no advierto la valoración de esa circunstancia como una carga negativa en sí misma», afirmó.

Namer además fue objetada por el apartamiento de la causa por el Memorando de Entendimiento con Irán -en la que Cristina Kirchner es imputada- por haber sido fiscal en la investigación por el atentado contra la AMIA, a lo que la jueza contestó: «Quien dio el pie para el inicio de ese trámite de recusación fui yo misma, al pedirle a las partes -pudiendo no haberlo hecho si respondía a algún interés ajeno al de la administración de justicia-, que se expidan sobre la atípica situación de mi intervención como jueza del encubrimiento de los hechos que se investigaban en la causa en la que fui fiscal».

A partir de ahora, los jueces deberán definir cuál será la prueba aceptada para el juicio y fijar la fecha para el debate que tendrá como principales acusados al hombre que intentó dispararle a la ex presidenta, Fernando Sabag Montiel, y su pareja Brenda Uliarte, sindicada como coautora.