El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, aseguró hoy que otorgarle prisión domiciliaria a los represores no significa contribuir con la «impunidad» sino que implica un «cambio de lugar» de detención.
«La prisión domiciliaria de los represores no es impunidad. Es cambio de lugar donde se terminan de cumplir las penas. Es una potestad del juez, el fiscal y la parte. Nosotros ahí no podemos hacer absolutamente nada», consideró el funcionario nacional en diálogo con radio Del Plata.
Avruj tomó distancia de los cuestionamientos por esta cuestión y recordó que de los 460 genocidas que hoy cumplen sus penas con el beneficio de la prisión domiciliaria, «430 fueron dadas» durante el gobierno kirchnerista.
El funcionario intentó bajarle el tono a la polémica al sostener que las políticas de «memoria, verdad y justicia» son «política de Estado» para el gobierno de Cambiemos.
«Trabajamos en función a lo que son las leyes y los procesos penales y las atribuciones que tiene cada uno. Los que trabajamos en Derechos Humanos tenemos que ser muy respetuosos de los fallos y las leyes», aclaró sobre la controversia, que se reavivó en agosto pasado cuando la justicia le concedió la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz por su edad avanzada en el marco de una de las causas por las que fue sentenciado.
