El líder de la COB, el minero Guido Mitma, y el secretario ejecutivo de la Fstmb, Orlando Gutiérrez, expresaron por separado su rechazo al fallo y denunciaron que hay empresas que comenzaron a aplicar esa figura para notificar con 90 días de anticipación los despidos a los trabajadores.
Mitma dijo a los medios que tras la emisión del fallo el pasado 6 de enero, las empresas ya entregaron 200 «cartas de preaviso» con los despidos en la ciudad de Potosí y 70 en Santa Cruz, lo cual puede agravar la tasa de desempleo.
El fallo restituye la vigencia del artículo 12 de la Ley General del Trabajo, aprobada en 1939, que establece la figura del aviso previo que permite a las compañías notificar a los trabajadores un despido 90 días antes de concretarlo, cumpliendo las obligaciones legales que correspondan.
Antes de conocer los llamados al paro de los sindicatos, el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, también rechazó el fallo porque, en su criterio, contradice la «estabilidad laboral» garantizada en la Constitución.
Trigoso manifestó que si hay trabajadores que son despedidos por la vía del preaviso, el ministerio ordenará que sean reincorporados en cumplimiento de la Constitución.
«Como ministerio nosotros vamos a continuar cumpliendo el mandato de la Constitución Política del Estado que prohíbe el despido en Bolivia», dijo Trigoso, en alusión al artículo 46 de la carta magna, que garantiza la «estabilidad laboral».
Tras las críticas del Ministerio de Trabajo y la convocatoria de la COB a un paro, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se reunirá para revisar el fallo del año pasado que restituyó el preaviso para disolver una relación laboral entre empleador y empleado, reportó el diario paceño La Razón.
En rueda de prensa, Gutiérrez advirtió de que la resolución puede desatar «una situación social muy compleja» y anunció que el lunes se irá la huelga en las minas del sector público y privado.
Asimismo, anunció que los mineros van a plantear a la COB una movilización hasta la ciudad de Sucre (sureste), sede del Poder Judicial, para ocupar las instalaciones del Tribunal Constitucional.
«La mejor decisión que puede tomar el tribunal es anular esa sentencia porque, caso contrario, nos van a ver en Sucre y nos van a ver tomando las instalaciones a punta de dinamita», amenazó Gutiérrez, según informó la agencia EFE.
En agosto último, el presidente Evo Morales expresó su preocupación porque la tasa de desempleo urbano abierto creció en el país de 3,5 por ciento a 4,4 por ciento entre 2014 y 2016.
En Bolivia, alrededor de 70 por ciento de la población económicamente activa desempeña sus actividades en la informalidad.
