Por Aldo Battisacco, desde Buenos Aires (enviado especial)
La diputada nacional y presidenta de la comisión de DDHH, Victoria Donda, denunció penalmente ante la Justicia a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por «no haber apartado de sus funciones» a su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, y a al personal de gendarmería que intervino en el operativo en la comunidad mapuche Pu Lof de Chubut.
La diputada de Libres del Sur le atribuyó a la funcionaria de Cambiemos los delitos «de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público», que recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 10 a cargo de Julián Ercolini.
Los cargos formulados sobre la persona de la Ministra de Seguridad de la Nación están previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, por no cumplir con lo dispuesto en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas aprobada por la ley 26.298.
Como también con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la ley 24.556 de jerarquía constitucional a partir de la ley 24.820, cuyos principales objetivos resultan prevenir, sancionar y suprimir la desaparición forzada de personas evitando su impunidad.
Además, con la presentación se pretende afirmar «el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, reconociéndose la existencia de esta práctica aberrante y la necesidad de erradicarla por resultar una de las más repudiables formas de violación de los Derechos Humanos».
Bullrich se enfureció con Ruperto Godoy cuando dijo que este caso preocupa por la «historia y la memoria de Argentina».
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