Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires

El proyecto que impulsa con vehemencia la Alianza Cambiemos, fue presentado por el oficialismo el jueves pasado a instancias de la urgente gestión del diputado Nicolás Massot, tras la movida de Juan Grabois, quien adelantó al diputado del Pro de llevar los acuerdos sobre el tema a los bloques opositores si no era oído su reclamo.

Así, de repente surgió una nueva prioridad en la agenda parlamentaria del oficialismo para las próximas semanas.

Se trata de una inciativa para expropiar tierras y urbanizar barrios populares, que será tratado en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Vivienda.

Por este tema, los legisladores del interbloque Cambiemos de la Cámara baja, acudirán a la Casa Rosada el próximo martes para ver a la ministra Carolina Stanley.

La iniciativa fue presentada por los jefes del Pro, Nicolás Massot; de la UCR, Mario Negri; y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

La ministra de Desarrollo Social, había adelantado la semana pasada que el proyecto “es mucho más profundo que la obra de infraestructura en sí, tiene que ver con derechos muy básicos que tenemos todas las personas y que el Presidente quiere que tengamos todos”.

En el mismo sentido, había aclarado que “este proceso tiene que ver con una transformación más profunda para estas familias, que viven en las villas en un estado de vulnerabilidad, porque es un paso a la integración real y definitiva”

El proyecto lleva por titulo “Régimen de integración socio urbana y regularización dominial”, tiene como objeto declarar la utilidad pública de los predios y expropiar las tierras donde se levantan 4.228 barrios precarios de todo el país, con la finalidad de otorgarles el título de propiedad a sus habitantes.

Según algunos referentes sociales, la iniciativa del macrismo se enmarca en la necesidad de mostrar sensibilidad social tomando como propio un proyecto que llevo adelante el “Gringo” Esteban Castro, líder de la CTEP, y representa una solución para 3.500.000 personas.

A pesar que se daría un primer paso para concretar la propuesta de los movimientos sociales, la duda surge en torno a como se realizará el financiamiento, ya que uno de los artículos de la norma que será debatida en comisiones, especifica que el financiamiento será compartido entre la Nación, las provincias y los municipios.

Por ello, para los futuros propietarios aún no esta claro de que manera participarán en la adquisición de los terrenos que actualmente ocupan.

Además, para la declaración de utilidad pública de las tierras  y su posterior expropiación, el Estado deberá contar con una partida destinada a tal efecto, para lo cual debe ser tratada durante la discusión en el parlamento del Presupuesto 2019.

También de la tarea de relevamiento, participaron organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), cuya cara visible es Juan Grabois; Barrios de Pie, Techo y Cáritas Argentina.

Los números arrojaron que del total de los predios ocupados, el 61% pertenecen a propietarios particulares, el 7% son provinciales, el 13% son de los municipios y otro 13% no cuenta con evidencias catastrales que permita individualizar a sus dueños.

Esta previsto que la negociación estará en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), a cargo de Ramón Lanús, organismo que deberá individualizar los inmuebles a expropiar, realizar las tasaciones e iniciar los juicios de expropiación.