El oficialismo de la Cámara de Diputados logró esta madrugada aprobar con media sanción el proyecto de reforma tributaria que, entre otros aspectos, reduce gradualmente los aportes patronales, grava la renta financiera, y reordena el esquema de impuestos internos.

En una nueva sesión maratónica, que se inició horas después de que se aprobara la polémica reforma previsional, la iniciativa tributaria cosechó 146 votos a favor, 77 negativos y 18 abstenciones.

El tratamiento de la reforma se desarrolló mientras en la esquina del Palacio Legislativo, y en otros puntos de la Ciudad, se llevaron a cabo cacerolazos de vecinos disconformes con el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo decidió debatir en sesiones extraordinarias.

La iniciativa, que fue girada al Senado, apunta a reducir en un plazo de cinco años la presión impositiva para llegar al 2022 a un 1,5 por ciento del PBI.

Entre los aspectos principales de la reforma tributaria se encuentra una reducción gradual en cinco años de la alícuota del impuesto a las Ganancias para dividendos no distribuidos de las empresas (del 35% actual al 25% en 2021), la posibilidad de computar el pago del Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias, la devolución anticipada de los saldos a favor del IVA por las inversiones que hagan las compañías y la implementación del mínimo no imponible para contribuciones patronales.

Respecto a esto último, las empresas no pagarán aportes patronales hasta una remuneración bruta de 12 mil pesos para 2022 (ajustado a la inflación que haya en ese entonces).

En el tratamiento en particular del proyecto, se dejó sin efecto el artículo que preveía que una parte de las indemnizaciones por despido de trabajadores en relación de dependencia sea alcanzadas por el impuesto a las Ganancias (a excepción de directivos de empresas que cobren por encima de los montos mínimos indemnizatorios).

El legislador oficialista Luciano Laspina destacó que desde que el presidente Mauricio Macri asumió, «la presión tributaria bajó aproximadamente dos puntos», y agregó que el objetivo de la reforma es «seguir por el camino de alivio fiscal para las Pymes, a la clase media».

Durante su exposición, el santafesino insistió en que existe una «elevada carga de impuestos al trabajo» que le quitan competitividad a la economía argentina y que frena la creación de trabajo.

Sobre el establecimiento del mínimo no imponible a las contribuciones patronales, el diputado de Cambiemos consideró que esa medida «puede ser un antes y un después» y una «oportunidad histórica» si se combina con el blanqueo laboral que se debate en el Senado en el marco de la reforma laboral.

Mencionó que se logró tejer un «acuerdo muy amplio» con las provincias para reducir el impuestos a los ingresos brutos y a los sellos, a los que consideró «distorsivos».

Por el contrario, el opositor Axel Kicillof denunció que uno de los grandes ganadores en caso de sancionarse esta reforma serían las «grandes corporaciones» a raíz de la rebaja de las contribuciones patronales que pasarían a pagar una alícuota del 19,5% en vez del 21%.

A la vez, minimizó el impacto progresivo que esta medida podría llegar a tener, ya que se trata de un impuesto «contra personas que tienen determinadas inversiones, dado que las empresas ya están gravadas».

Kicillof rechazó la iniciativa oficialista al catalogarla como «neoliberal» y «noventista», ya aseguró que se probaron y «fracasaron rotundamente».

«Le perdona impuestos a los que más ganan, a las grandes corporaciones e intenta trasladar esa carga tibutaria a los consumidores. Están fundiendo al Estado para darle a los más ricos, mientras que al resto le piden que se ajuste el cinturón porque hay déficit por todos lados», agregó.

El proyecto de reforma tributaria sufrió una serie de modificaciones desde que fue anunciada hace un mes por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a partir de la presión de gobernadores y empresarios.

Por caso, a pedido de la gobernadora fueguina, Rosana Bertone, se dejó finalmente sin efecto la eliminación inmediata de impuestos internos a la venta de productos electrónicos que no se fabriquen en la provincia austral y a los autos y motos de gama media.

Sin embargo, habrá una reducción escalonada de dichos impuestos: a partir de enero estos productos tributarán el 10,5% hasta llegar al 2% en el 2023.

En cuanto a los impuestos a los bebidas espirituosas, la alícuota pasará del 20 al 26 por ciento, mientras que las cervezas pasarán del 8 al 14 por ciento, a excepción de las artesanales que mantendrán el impuesto del 8 por ciento.

La discusión en particular del articulado también retrotrajo el impuesto al tabaco a lo dispuesto en el proyecto original del Poder Ejecutivo, que establece una alícuota del 70 por ciento, y una suba del impuesto por atado de 28 pesos.

Una novedad que introduce el proyecto es que se gravará la renta financiera: los activos financieros denominados en moneda extranjera o indexados a la inflación pasarán a estar gravados al 15 por ciento, mientras que las ganancias no distribuidas de las compañías pasarán a estar gravadas al 25 por ciento.

Otro aspecto que introduce el proyecto es la eliminación del impuesto a las transacciones inmobiliarias, en tanto que pasarán a gravarse las ganancias de capital en las viviendas que no correspondan a uso familiar.

Al igual que Kicillof, Marco Lavagna (Frente Renovador) rebatió la idea de que la rebaja de contribuciones patronales va a redundar en una mayor capacidad de creación de empleo.

«Puede ayudar pero la única forma es si ponemos marcha la economía, el consumo, el mercado interno», apuntó.

Diego Bossio (bloque Justicialista), cuya bancada acompañaría en general la votación, destacó como positivo «que se avance en un modelo de recaudación tributaria progresiva que tiene que ver con la renta financiera».

No obstante, observó que, en términos generales, la reforma se quedó «a mitad de camino» y que «no termina de ser lo suficientemente agresiva».

Por el Movimiento Evita, la diputad Silvia Horne consideró que «el espíritu de la presente reforma» es «notoriamente pro- empresa», mientras que «para las personas físicas en cambio no hay ningún tipo de beneficio».

«La llamada reforma tributaria perjudica a los trabajadores, pone en desventaja a las Pymes, embiste contra las cooperativas y mutuales y no mejora el déficit fiscal», diagnosticó la rionegrina.

La diputada del Frente de Izquierda Nathalia González Seligra advirtió que «con la rebaja de las contribuciones no van a hacer más que reducir el costo laboral».

Por su parte, la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, consideró «necesaria una ley que reordene los impuestos» y agregó: «Somos el país de la región con mayor presión tributaria para las empresas. El tipo que blanquea tiene mas de un 50 por ciento de costo impositivo en la Argentina».