Por Manuel Parola

La desaparición de Loan Peña, el correntino de 5 años cuyo rastro se perdió hace 11 días, desencadenó muchas preguntas. Algunas, como su paradero o las intenciones detrás de su aparente desaparición, permanecen sin respuesta por el momento, pero hay otras que pueden ser contestadas con un poco más de premura y que poco tienen que ver con la maldad de las personas.

“Milei comenzó a destruir las políticas contra la trata (de personas) con el DNU 195”, publicado el pasado 26 de febrero con el cual el gobierno dispuso que el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata pasaran de la órbita de la Jefatura de Gabinete a depender de la cartera de Seguridad: “Desde ese momento todas las políticas del área fueron degradadas”, apuntó el legislador rosarino y militante de Hijos.

Desarticulados y desfinanciados

El diputado deslizó en un hilo de su cuenta oficial de X los diferentes argumentos con los cuales describió el desfinanciamiento de las políticas de prevención de secuestro de personas, en donde señaló desde la caída de convenios con organismos autárquicos del Estado, como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y la “falta de articulación con Unidad de Investigación Fiscal y la AFIP para cruzar información”.

Además, el legislador apuntó contra el gobierno al mencionar la cesantía de 30 trabajadores de la Línea Nacional Anónima y Gratuita 145 del Programa Nacional de Rescate (PNR), el cual estaba funcionando con una faltante de 45 personas para atender las consultas y denuncias con el nivel de atención requerido, “con lo cual en el presente (el programa) se encuentra casi al 50% de la capacidad para la intervención”.

Por otro lado, el gobierno de Javier Milei dispuso el quebranto y fragmentación de diferentes áreas del Estado, a sus ojos no estratégicas para su plan de gobierno, con las que se realizaban y articulaban diferentes programas y se desarrollaban actividades y procedimientos, por lo que se dificulta la continuidad de la tarea preventiva.

Tal es el caso del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), el cual fue prácticamente disuelto luego de que el gobierno nacional dispusiera el cierre de todas las delegaciones provinciales del organismo sin renovar la estrategia de entrega de tablets para aquellas personas damnificadas por el delito de trata que debían o querían capacitarse dentro del Programa Reparar, con el objetivo de insertarse laboralmente o retomar su educación formal.

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“A contramano de lo que venía haciendo la Argentina en la materia, desde el 26/2 la elaboración de políticas públicas en materia de trata es abordada desde una perspectiva meramente policial, excluyendo el resto de las dimensiones que la problemática requiere para su abordaje”, publicó Toniolli en su cuenta de X.

En esta misma línea, un dossier de la Fundación Alameda al que pudo acceder Conclusión sostiene que no ha habido nuevas altas desde el comienzo de la gestión de La Libertad Avanza en el programa Acompañar, a la vez que el Registro de Asistencia a la Víctima “no está funcionando, por lo tanto tampoco se estaría implementando el Programa Restituir aprobado por la Resolución 493/2023 del Ministerio de Desarrollo Social”.

Este mismo informe de Alameda habla de 343 personas rescatadas de la trata desde diciembre de 2023 que no han sido tenidas en cuenta en el otorgamiento de nuevas altas en el Programa Volver al Trabajo, ex Potenciar Trabajo, mientras que las Agencias Territoriales (AT), que representan a la Secretaría de Trabajo en 22 provincias y la Ciudad de Buenos Aires (Caba), se encuentran sin autoridad asignada a la fecha.

“No sólo hay incertidumbre respecto a la continuidad” del programa Reparar, dedicado a la inclusión laboral de personas víctimas de la trata de personas, “si no que desde el inicio de la nueva gestión los pagos de los y las beneficiarias comenzaron a demorarse”, siendo que en la mayoría de los casos se trata del único ingreso percibido por los beneficiarios: “El programa se encuentra paralizado”.

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Respuestas adeudadas

El pedido de informe se presenta en el marco de una muy delicada situación desde varios frentes atravesada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la cual fue denunciada por el extitular del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, por “nula asistencia a las víctimas de trata” ante la justicia federal.

“Nosotros desde diciembre advertimos esto (las limitaciones en la respuesta a las víctimas de trata por falta de recursos) a la ministra Pettovello, enviamos comunicados, mandamos el listado, tuvimos varias reuniones con muchos miembros de Capital Humano. Pasaba el tiempo, cada vez había más allanamientos, cada vez había más rescates. A la gente que se rescataba no se le daba absolutamente nada, con lo cual había una angustia tremenda”, contó Vega en una entrevista con ElDiarioAr.

El abogado apuntó que, en la instancia de mayor desidia “llegó un momento donde los propios fiscales y jueces también empezaron a mandar oficios intimando a que cumplan con lo que indica la ley. Aún así, no logramos que al día de la fecha se asistiera absolutamente a nadie”.

El desguace de la estructura dedicada a rescatar, proteger y cuidar a las personas víctimas de este delito es descrito por Vera a través de la redistribución de dichos organismos en la órbita de nuevos y disímiles ministerios, como es el caso del traslado del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas bajo el ala del ministerio conducido por Patricia Bullrich: “Vos no podés poner en cabeza del ministerio que tiene las fuerzas de seguridad, el monopolio de la política de trata. Es una locura porque internacionalmente está demostrado que entre la mayoría de funcionarios públicos procesados por trata están funcionarios policiales”, apuntó el exfuncionario y agregó: “Cuando vos tenés una zona liberada para que haya trata tiene que haber complicidad o por lo menos negligencia en el mejor de los casos de las fuerzas de seguridad de esa región”.

¿Qué políticas se llevaron a cabo para la prevención, asistencia, persecución y de fortalecimiento institucional en post de las víctimas de tan aberrante delito?”, “¿cuál fue el motivo del despido de la totalidad de los delegados y las delegadas del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que fueron desvinculados sin auditoría alguna?”, “¿en qué situación operativa se encuentra la Línea Nacional Anónima y Gratuita 145 del Programa Nacional de Rescate (PNR)?”, “¿qué motivó a la finalización de la cotidianeidad de las reuniones mensuales de los Referentes Políticos ministeriales con el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas?”. Éstas son algunas de las preguntas formuladas por el diputado Eduardo Toniolli en su pedido de informe y que deberán ser respondidas por el ministerio de Seguridad, de Capital Humano, de Economía y a la Cancillería, y que esperan ser contestadas por el Poder Ejecutivo de la Nación.