El Gobierno nacional retomó la idea de impulsar la aprobación del juicio en ausencia para aplicarlo a los iraníes acusados por la causa Amia.

En abril pasado, los bloques mayoritarios en el Senado presentaron, con el aval del ministro de Justicia, Germán Garavano, un proyecto para incorporar la figura del juicio en ausencia al Código Penal.

«Por más que se mueran de viejos en Irán, nosotros tenemos que juzgarlos acá y cerrar una etapa de la historia argentina», afirmaron dos altos funcionarios del Poder Ejecutivo con injerencia en la decisión, según publica el matutino porteño La Nación.

De aprobarse, podría aplicarse no sólo para los iraníes acusados del atentado a la Amia, sino además para otros casos resonantes de fugas o de reos que se niegan a volver al país y enfrentar a la Justicia, incluidos acusados por crímenes de lesa humanidad y desaparición forzosa de personas.

Hace poco más de dos años, el titular de la Unidad Fiscal Amia, el ex senador radical Mario Cimadevilla, comenzó una ronda de reuniones con entidades judías y familiares de víctimas del atentado para convencerlos de la conveniencia de apoyar el proyecto.

«Trabajamos este proyecto, pensado para delitos transnacionales, que nos permitirá, más allá de las causas conexas, saber lo más importante: quién puso la bomba», dijo Cimadevilla.

En principio, la Daia y un grupo de familiares están a favor de la iniciativa, que apunta a juzgar sin que estén presentes a Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahian, ex ministro de Inteligencia; a Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; a Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Buenos Aires, y a Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina.

«Nos parece bien que se avance, si es que la ley les da la posibilidad a los defendidos de ejercer su defensa en el momento del juicio o cuando ellos lo consideren», afirmó Luis Czyzewski, padre de una de las víctimas del atentado.

Otras entidades de familiares, como Memoria Activa, 18J y Apemia, de Laura Ginsberg, se oponen a los juicios en ausencia, con el argumento de que una eventual condena a los iraníes «cerraría» la posibilidad de saber efectivamente qué pasó.