Claudia Rucci pidió hoy la indagatoria de la cúpula de la organización Montoneros por el asesinato en 1973 de su padre, el entonces jefe de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Ignacio Rucci. El sindicalista fue acribillado a balazos el 25 de septiembre de 1973, cuando salía de su casa en la calle Avellaneda 2935, en Flores, y ahora su hija, querellante en la causa donde se investiga el homicidio, culpó a la cúpula de Montoneros.

Rucci le reclamó al juez federal Ariel Lijo las indagatorias de los ex líderes de la organización Mario Eduardo Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja; así como de Ernesto Luis Jauretche, quien habría tenido «participación directa» en la planificación logística del crimen. «Para la profundización de esta pesquisa, resulta indispensable indagar a quienes producto de numerosos testimonios podrían resultar presuntos autores intelectuales y/o materiales del asesinato de Rucci», reclamó en el escrito que elevó patrocinada por el abogado Miguel Ángel Plo. Según la presentación, varios testimonios «reconocen la responsabilidad de Montoneros en la perpetración en el asesinato de José Rucci».

Carlos Flaskamp, ex integrante de Montoneros, declaró en la causa que tras el asesinato de Rucci: «Se informó que la organización había hecho la operación, vino un compañero de la Conducción Regional y lo informó con todos los detalles». Por su parte, otro ex miembro de la agrupación, Alejandro Peyrou, aseguró que a las 48 horas del asesinato de Rucci se conoció «la autoría de Montoneros».  «Me lo comentó alguien, confiable, no recuerdo quien. Fue una información formal, no fue chisme», agregó.

De acuerdo a los testimonios, la querella insiste en que las decisiones dentro de la organización «las tomaba la conducción nacional». No obstante, también sindicó a Jauretche, entonces subsecretario de asuntos municipales del Gobierno Bonaerense, por tener «participación directa en la logística del operativo». El crimen se conoció como «Operación Traviata» porque un comercial de galletitas de la época afirmaba que la misma contaba con 23 agujeritos, igual a la cantidad de impactos que recibió Rucci.

En 2012, el juez Ariel Lijo cerró por prescripción la causa, y luego la misma fue abierta por la Cámara Federal, tras un pedido de la querella que pidió investigarlo como delito de lesa humanidad.