El juez federal Ariel Lijo pisó el acelerador en la causa en la que está imputado el presidente Mauricio Macri y exigió a la empresa SOCMA, de la familia del Jefe de Estado, que le envíe en el término de tres días hábiles toda la documentación sobre las operaciones realizadas con el Correo Argentino que fueron denunciadas por la fiscal en lo Comercial, Gabriela Boquín, como una suerte de vaciamiento de la firma concursada en beneficio de sus controlantes.
Fuentes judiciales confirmaron que el juez libró órdenes de presentación a SOCMA en el marco de una causa en la que se investigan supuestos delitos por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino calificado como «abusivo». La decisión de Lijo llegó luego de que el fiscal Juan Pedro Zoni ampliara las imputaciones contra los directivos de la empresa insignia del clan Macri y de Simeco. Según la orden del magistrado, la empresa deberá -en el término de tres días- remitir los libros y documentación que reflejen las operaciones que se hubieran realizado con el Correo Argentino y que están bajo la lupa de la Justicia por haber constituido una maniobra para agrandar el pasivo de la firma concursada, y poder extraer fondos de las cuentas bancarias bajo el justificativo de que se trataba de gastos corrientes para solventar determinados costos de la firma de las que eran beneficiarias las empresas controlantes del Correo. El representante del Ministerio Público imputó la semana pasada también a los síndicos intervinientes en el concurso de la sociedad anónima que controlaba el servicio postal y a la jueza del fuero Comercial, Marta Cirulli, que tenía el concurso de la compañía y autorizó a realizar esas extracciones desde las cuentas.
El fiscal pidió «una investigación más profunda sobre el patrimonio de la concursada y sobre lo sucedido en cuanto a la canalización y colocación de dinero en empresas de su mismo grupo económico», afirmó el dictamen. Según Zoni, Correo Argentina S.A. habría abonado a su controlante Sideco Americana S.A. en concepto de alquileres y otros conceptos adicionales, «montos cuyo respaldo documental no coincide o documental no coincide con las cifras erogadas. Existen disquisiciones y contradicciones entre lo argüido por la concursada y la documentación obrante en el expediente concursal así como por lo expresado por la misma al momento de informar los pagos mensuales a la sindicatura controlante y por lo informado por ésta última en el expediente del concurso».
«La concursada no pidió las autorizaciones correspondientes para alquilar un inmueble de su controlante en un acto que claramente excedía su giro, además de ser un acto sobre un bien registrable que favorecía a su controlante Sideco.», explicó el dictamen.
Para el fiscal, «lo relatado obliga a investigar la posible laxitud con la que se ejercían los controles sobre el manejo y administración que la concursada Correo Argentino S.A. poseía sobre sus bienes, lo cual habría conllevado y permitido el posible desapoderamiento de los mismos a favor de su controlante. O sea, el vaciamiento patrimonial de Correo Argentino S.A. en beneficio de Sideco Americana S.A».
Zoni puso énfasis en investigar el «manejo patrimonial de la concursada no sólo a efectos de desinsacular posibles responsabilidades de los funcionarios participantes sino también para determinar las titularidades y relaciones societarias que permitirán descartar o confirmar las incompatibilidades». Este punto es sobre el cual apunta ahora Lijo en uno de los primeros pasos de la causa que causó un cimbronazo al Gobierno cuando salió a la luz.
