Crece la convocatoria a la marcha al Congreso contra la extranjerización de las tierras

Organizaciones sindicales, sociales, ambientalistas, eclesiásticas y políticas convocaron a una movilización frente al Congreso el próximo 6 de agosto, en rechazo al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de venta de tierras rurales a extranjeros. La protesta coincidirá con la sesión en la que el oficialismo buscará reunir los votos necesarios en el Senado para aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Las dos CTA oficializaron su convocatoria bajo la consigna «Por la tierra y el agua», mientras que la CGT analiza sumarse a la protesta. La central obrera ya había expresado su rechazo a la iniciativa mediante documentos internos difundidos desde principios de julio, en los que sostiene que «nuestro suelo es soberanía, no mercancía».

Además, el rechazo también se expresa a través de otras acciones. El Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) impulsa desde el 25 de junio una campaña de firmas contra el proyecto que ya reunió más de 4.000 adhesiones de referentes de todo el país.

También, la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda organizarán entre el 27 y el 31 de julio una serie de actividades federales bajo el lema «Argentina no se vende», con talleres, radios abiertas y banderazos que desembocarán en la movilización central del 6 de agosto, identificada con el hashtag #LaSoberaníaNoSeNegocia.

Asimismo, el reclamo recibió el respaldo de sectores religiosos poco habituales en este tipo de debates. Endepa, la Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío difundieron documentos públicos en rechazo al proyecto y pidieron a los legisladores que no acompañen la iniciativa.

En el plano político, referentes de la oposición también llamaron a participar de la protesta. El senador Mariano Recalde (Unión por la Patria) sostuvo que «la presión social influye en la decisión de los más especuladores» y pidió una masiva movilización durante la sesión. En la misma línea, la diputada Cecilia Moreau convocó a la ciudadanía a manifestarse y comparó el reclamo por la tierra con el sentimiento de unidad que despertó la causa Malvinas.

No obstante, el proyecto también cuenta con respaldo de algunos sectores. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, defendió la flexibilización del régimen y afirmó que «no tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero».

En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diferenció entre personas y Estados extranjeros al señalar que un ciudadano extranjero residente en el país debe tener los mismos derechos que un argentino para adquirir tierras, aunque remarcó que los Estados extranjeros no deberían poder comprar territorio nacional, una restricción que quedó incorporada en el dictamen que debatirá el Senado.
Por otra parte, el texto que llegará al Senado establece que las provincias tendrán plena jurisdicción sobre sus territorios y prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización del gobierno provincial y del Poder Ejecutivo nacional. Además, elimina el mecanismo de silencio administrativo que consideraba aprobada una operación si el Estado no se pronunciaba en un plazo de seis meses.

Sin embargo, los sectores críticos sostienen que la iniciativa modifica de hecho la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, que fija un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y restringe la adquisición de superficies de gran extensión o de inmuebles que contengan cuerpos de agua permanentes.

Cabe recordar que el Gobierno ya había intentado derogar esa normativa mediante el DNU 70/2023, aunque la Justicia suspendió esa decisión tras un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. Ahora, la modificación llega por la vía legislativa dentro de un paquete más amplio que también introduce cambios en el régimen de expropiaciones, los desalojos y la Ley de Manejo del Fuego.