La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner desmintió a través de las redes sociales los rumores que indicaban que había mantenido reuniones secretas con el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como “Ruta del dinero K”, y calificó como «absolutamente inaceptable» dichas versiones, emitidas desde la prensa.
«Que alguien o algunos letrados, como estrategia de defensa judicial, pretendan vincularme con un juez de Comodoro Py, es absolutamente inaceptable”, aseguró la ex mandataria, que luego disparó: “Sobre todo cuando el juez es, nada menos que el Dr Casanello. Sí, el mismo que absolvió a Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales, al día siguiente que asumiera como Presidente, sin que a nadie se le moviera un pelo».
Además, Cristina Fernández de Kirchner se despegó del juez, asegurando que fue él quien ordenó «centenares de allanamientos televisados, casas fotografiadas y hasta perforaciones en tiempo real en medio de la estepa Patagónica», en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero por parte de Lázaro Báez.
En este sentido, la ex presidenta sostuvo que Casanello utilizó un doble estándar a la hora de investigar dos causas: mientras que en la referente a lavado de dinero tuvo una actividad «espectacular y cinemátográfica», en la causa Panamá Papers, que involucra a funcionarios del gobierno actual, el juez optó por la «opacidad» y el «secretismo» de expediente, a fin de comprometer lo mínimo posible al oficialismo en la opinión pública.
«Nunca hubo ‘reuniones secretas’ durante mi gestión con miembros del Poder Judicial, ni en la residencia de Olivos, ni en ninguna otra parte», insistió la líder del Frente para la Victoria, que destacó que los únicos encuentros que mantuvo en la casa residencial con integrantes de la Justicia fueron públicos y notorios, siendo estos los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracci; y con los Doctores Domingo Sesin y Eugenio Sarrabayrouse.
Tras recordar que tuvo que soportar las «denuncias más inverosímiles», como aquello que desconocía su título de abogada, la dirigente aseguró que fue, es y seguirá siendo «objeto de la más feroz campaña de persecución política mediática y judicial, de la que se tenga memoria en las últimas décadas», comparable «a la que sufrieron otros Presidentes comprometidos con el bienestar del pueblo y los intereses de la Nación».
«No me quejo. Sé que es el precio que tenemos que pagar los que le hicimos creer» a la gran mayoría de los argentinos que tenían derecho a vivir mejor», ironizó la exmandataria, al hacer alusión a los dichos del economista afín al gobierno Javier González Fraga, de que “le hicieron creer al empleado medio que podía comprarse plasmas y viajar al exterior”.
