La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó la recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, que entiende en la causa por el intento de magnicidio en su contra, por considerar que la magistrada tiene una «dependencia» con el Ministerio de Seguridad porteño, según informó este lunes en sus redes sociales.

Fernández de Kirchner expresó, desde su cuenta de Twitter, que formuló la presentación «en épocas de derechas violentas», en referencia al intento golpista registrado el domingo último en Brasil.

«Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado», señaló la exmandataria en sus redes sociales.

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Entre los fundamentos de la presentación, difundida este lunes, los letrados de la vicepresidenta sostuvieron que «el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

«Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana», indicó el texto.

Empleada de CABA

Desde hace cuatro años la jueza encargada de investigar el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, ocurrido el 1 de septiembre pasado, es empleada del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y cobra un sueldo mensual como “investigadora”, pese a que los magistrados tienen prohibida toda actividad, a excepción de la docencia. Así lo denunció el pasado lunes el ministro de Justicia y derechos Humanos de la Nación Martín Soria.

Capuchetti, además, lleva adelante la investigación de la Mesa Judicial y la deuda que tomó durante su mandato Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La jueza María Eugenia Capucetti, que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, “está contratada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de Ciudad de Buenos Aires”, publicó Soria.

El funcionario, además, posteó la resolución emitida hace días por el gobierno de CABA mediante la que se extiende el contrato de la jueza hasta fines de 2023.

“El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de “la magistratura judicial con toda actividad política” y “cualquier actividad profesional”. Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal”, continuó Soria en su hilo en su cuenta de Twitter.

La recusación completa:

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